La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha suscrito un convenio con los alcaldes y alcaldesas de los municipios de Loja, Armilla, Baza, Granada capital, Guadix y Maracena, que permitirá mejorar y agilizar la respuesta en los procesos de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones. La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha destacado que este acuerdo “es una muestra más de la apuesta de la Junta por el municipalismo, además de poner en valor la gestión de los ayuntamientos en la mejora de la calidad de vida de sus vecinas y vecinos”.
Este convenio se enmarca en el plan aprobado por el Consejo de Gobierno para “mitigar los efectos de los recortes del Ejecutivo central a Andalucía en materia de dependencia, avanzar en la atención de las personas sin prestación reconocida y reducir los tiempos de respuesta”, informa la Junta de Andalucía en una nota de prensa. La nueva estrategia, de carácter anual, cuenta con un presupuesto de 25 millones de euros que permitirá atender en Andalucía a más de 234.000 personas en situación de dependencia a finales de 2017 (alrededor de 30.000 en la provincia de Granada).
Sánchez Rubio ha insistido en que, con estas medidas, se pretende contrarrestar los recortes del Gobierno central en los últimos años, que se cuantifican en 625 millones de euros desde 2012 y tras la aprobación de los presupuestos de 2017 por parte del Consejo de Ministros, a los que se suman otros 16 millones por el pago de la teleasistencia avanzada. “Unas cantidades que de haberse abonado nos habrían permitido atender a 105.000 personas más”, ha subrayado.
Sánchez Rubio ha señalado también que, con este acuerdo, se refuerza la colaboración entre la Junta y las corporaciones locales y se pone de relieve “el papel fundamental que juegan las diputaciones y los ayuntamientos” en la atención a las personas en situación de dependencia. “Los ayuntamientos son la puerta de entrada al sistema a través de los servicios sociales comunitarios”, ha resaltado.
Sánchez Rubio ha subrayado también “que este acuerdo supone un importante avance para la incorporación de las personas con dependencia moderada reconocida, ya que, entre otras medidas, se potenciará la utilización de la red de Centros de Participación Activa (más de 900 en toda Andalucía), tanto los gestionados por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales (168 en Andalucía, 23 en la provincia de Granada) como por las corporaciones locales, para los servicios de promoción de la autonomía personal y promoción de la dependencia.
Este acuerdo establece que los servicios que pondrán en marcha los ayuntamientos se prestarán mediante la realización de programas y actividades grupales de carácter preventivo y actividades ocupacionales, orientadas a mantener o mejorar la capacidad para realizar las actividades básicas de la vida diaria, evitar la aparición de limitaciones en la actividad, potenciar el desarrollo personal y la integración social, fomentando y desarrollando las capacidades comunicativas y de interrelación personal, generación de grupos y otras habilidades sociales. “Todo ello con el fin de alcanzar el mayor nivel de autonomía y calidad de vida”, ha subrayado la consejera.
La norma plantea que las corporaciones locales garantizarán el acceso a las actividades grupales que se programen a las personas que tengan prescritos los servicios en su Programa Individual de Atención. Estas actividades se deben diseñar y realizar atendiendo a las necesidades de mujeres y hombres, sobre todo en lo relativo a la organización de espacios, horarios y contenido de las actividades programadas, así como atendiendo específicamente las necesidades de mujeres en situación de especial vulnerabilidad.
La financiación de dichas actividades correrá a cargo de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, quien consignará anualmente en sus Presupuestos el crédito adecuado y suficiente para la financiación de los servicios.
Plan para reforzar la Dependencia
El plan aprobado por el Consejo de Gobierno para mitigar los efectos de los recortes del Ejecutivo central a Andalucía en materia de dependencia se estructura en tres bloques de medidas, referentes a agilización de procedimientos, ampliación de supuestos de excepcionalidad y mejora de la atención a las personas con dependencia moderada. El documento amplía y define nuevos supuestos de acceso a la prestación económica para el cuidado en el entorno familiar y el apoyo a cuidadores no profesionales. De este modo, se incorporan a los menores de 21 años en etapa escolar; las personas con enfermedad mental que permanecen con la familia, y aquellas con necesidades especiales para las que el servicio de ayuda a domicilio o de centro de día resultan insuficientes y para las que la atención residencial se desaconseja por los servicios sociales comunitarios.
