El Pleno aprueba, en medio de un gran debate, medidas para la mejora de infraestructuras, del impuesto de plusvalía y de carácter social

La sesión ordinaria del Pleno de la Corporación Municipal de Loja celebrado con carácter ordinario el pasado martes 6 de marzo estuvo cargada de polémica y una fuerte discusión entre el alcalde y el Grupo Municipal Socialista, lo que no impidió que, al final, todos los asuntos sometidos a votación vieran la luz verde, incluidos aquellas mociones presentadas por el PSOE.

Cuatro horas fueron necesarias para despachar un orden del día que, a priori, no hacía presagiar una duración extensa, pues como luego se comprobó, la mayoría de los asuntos contaban ya con un voto favorable unánime en la correspondiente comisión informativa.

Varios fueron los expedientes de los que había que dar cuenta y no necesitaron discusión ni votación, sin embargo otros a pesar de estar de acuerdo en la propuesta resolutiva, las circunstancias que rodeaban al asunto daba paso a los mencionados y extensos turnos de intervención.

El Grupo Socialista presentó una moción acerca de la modificación del actual impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo que coloquialmente se denomina plusvalía. El portavoz socialista, Gonzalo Vázquez, justificó su propuesta en la sentencia del Tribunal Constitucional por la que se declararon inconstitucionales algunos artículos de la ley que ampara este impuesto, en el sentido de que no habrá de tributarse en los casos en los que no se produzca un incremento de valor del terreno desde el momento de su compra hasta el de su venta. Una circunstancia que, con la crisis económica, se puso de relieve en innumerables ocasiones.  “En Loja hay varias reclamaciones, y por ello, entendemos que el Gobierno acuerde con los ayuntamientos la adaptación de la ley a la realidad actual y que la reforma del impuesto refleje de modo más fiel el incremento del valor del suelo” dijo el también secretario general del PSOE lojeño. Finalmente abogó porque se establezca un mecanismo para “que los vecinos vean resueltas sus reclamaciones”.

El alcalde, Joaquín Camacho le contesto que “es de sentido común que así sea, que no se le cobre a un ciudadano el impuesto cuando no haya incremento de valor” y añadió que estudiarán las reclamaciones para ver si se ajustan a las condiciones expresadas en esa sentencia y, si es así, se tendrán en cuenta. El expediente fue aprobado unánimemente por todos los corporativos.

A renglón seguido se debatía otra moción socialista, en este caso defendida por la edil Juana Mancilla, quien desde el principio señaló la gravedad de la pobreza energética que padecen en España numerosos hogares. En concreto informó de que hay unas 900.000 familias en riesgo de exclusión social que son las que más sufren este problema. En concreto, la moción se refiere al bono social eléctrico y su repercusión directa en las personas en situación de vulnerabilidad, así como en los presupuestos municipales.

Acerca del decreto por el que el Gobierno aprobó dicho bono social, la concejal socialista dijo que “no llega suficientemente a donde más se necesita. No veo justo que las familias numerosas, por el hecho de serlo y sin tener en cuenta sus condiciones económicas, tengan un 25% de descuento de la factura de la luz, mientras que hay otros sectores, como personas con discapacidad, víctimas de violencia de  género o terrorista, y familias monoparentales que obtienen el descuento, cuando deberían ser más beneficiados por sus difíciles situaciones particulares”, especificó Mancilla. Por eso dijo proponer la mejora del bono social, y que se haga con sentido común, incluyendo en su articulado el gas, y que se dote económicamente el decreto.

En respuesta a este planteamiento el alcalde refirió que “apostar por las política sociales debía ser una obligación de todas las administraciones, de una forma equitativa y justa” y pidió mayor esfuerzo inversor en este terreno tanto al Gobierno de España como a la Junta de Andalucía.

La moción salió adelante con los votos a favor del PSOE y las abstenciones del PP y el concejal no adscrito Alejandro Ronda.

INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

Más adelante se abordó un expediente promovido por el alcalde sobre la obligación de la Junta de Andalucía de construir infraestructuras hidráulicas, como las estaciones depuradoras de aguas residuales, fruto del importe recaudado por el canon de depuración. Haciendo historia, Joaquín Camacho  recordó que en 2010 se promulgó la Ley de Aguas en Andalucía, por la que la Junta tenía la competencia de la creación de infraestructuras de depuración de aguas, y el mantenimiento correspondía a los ayuntamientos. “Casi diez años después vemos como el canon que se cobra en el recibo del agua por ese concepto no está suponiendo la construcción de nuevas estaciones depuradoras”, denunció el primer edil y añadió que se trata de un canon finalista que no se está cumpliendo por el Gobierno de Andalucía”

Localizándolo, Camacho dijo que en Loja, en cada recibo de agua, se cobran unos 2,5 euros, lo que supone 1.3 millones de euros recaudados por Junta en estos últimos años y criticaba que no se hubiese construido ni una estación nueva para los múltiples lugares del municipio donde se precisan. 

Se lamentaba que, mientras tanto, se sigan recibiendo denuncias y sanciones de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir  por verter aguas no depuradas al cauce del Genil y otros cauces hídricos, lo que calificó de ilógico, imputando a la Junta en el no cumplimiento de sus obligaciones.

Por tanto, el regidor exigía al Gobierno andaluz que invierta ese millón trescientos mil euros en tales infraestructuras o que se derogue el canon, anunciando que, desde Gemalsa, se ha iniciado un proceso judicial en ese sentido. 

El portavoz socialista dijo parecerle bien la exposición del alcalde pero que, con el mismo énfasis, se exigiera otro tanto a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Gobierno de España, en lo que respecta al canon que igualmente recauda, en este caso a través de los municipios y en Loja, en concreto, a través de la empresa municipal Gemalsa. Gonzalo Vázquez pidió al alcalde equidad a la hora de reclamar a las administraciones.

Camacho desvinculó uno de otro canon e insistió en el carácter finalista del que cobra la Junta y el ámbito más general en el que se mueve el tributado por el Gobierno, refiriéndose a obras de mantenimiento de cauces y de prevención y arreglo en los casos de avenidas. Recalcó, así mismo que no se está pagando dos veces por el mismo concepto.

Ante esto, Vázquez pidió un informe detallado sobre las actuaciones de Confederación en Loja y que en la parte resolutiva de la propuesta planteada por el alcalde se incluyera la reclamación al organismo estatal. Finalmente, la incorporación de esta última petición socialista, se votó unánimemente de forma favorable. 

Otro de los expediente aprobados en esta sesión plenaria fue el expuesto por el concejal de Urbanismo, Joaquín Ordoñez, sobre la innovación urbanística de suelo que permita al consistorio la adquisición de terrenos y, con su correspondiente recalificación, destinarlos a albergar el ferial de Loja. Según el edil, se lleva ya años trabajando en ese sentido para dotar a la ciudad de “un reciento acorde con la importancia de Loja y que, de forma permanente sirva para alojar instalaciones e infraestructuras de carácter festivo, lúdico y recreativo”. Ordoñez dijo esperar que pronto pueda contarse con este espacio, situado junto a la avenida de España, en la ribera norte del Genil. El expediente fuer aprobado con los votos a favor del PP y de Alejandro Ronda, y la abstención del PSOE.