En respuesta a las declaraciones realizadas hace unos días por el PSOE, el PP ha afirmado que los socialistas, amparados en su incapacidad de gestión, presentan ahora una panorama sombrío sobre el presente y el futuro de la Ley de Dependencia a tenor de las reformas que el Gobierno de Rajoy está llevando a cabo en su normativa.
En rueda de prensa, el alcalde de Loja, Joaquín Camacho, y la concejala de Bienestar Social, Matilde Ortiz han asegurado que la Ley de Dependencia no se pierde, sino que se mejora con dichas reformas.
La edil popular indicaba que no podían permanecer callados ante las afirmaciones del PSOE sobre una presunta demolición del estado de bienestar social en España y que el decreto ley regulador de la Ley de Dependencia ha sino necesario para hacer frente a la situación de déficit encontrada por el Gobierno popular cuando accedió a esta responsabilidad, pues según Matilde Ortiz, se trataba de garantizar dicha Ley de Dependencia, actualizándola y mejorándola. Negó la resonsable de Bienestar Social que con estas nuevas medidas se afecte a las personas mayores, poniendo como ejemplo el que la inmensa mayoría de las comunidades autónomas la han refrendado “y estas comunidades no van a querer lo peor para sus mayores”, matizaba. En ese contexto es en el que Ortiz asegura que es necesario priorizar y tener primero en cuenta al gran dependiente, aunque se produzca una demora de dos años en el acceso de aquellas personas que tienen un grado menor de dependencia, pero que, en cualquier caso, esos mayores con dependencia moderada estarán atendidos, tal como ahora, por los Servicios Sociales municipales, tal como prevé el plan concertado del Ayuntamiento de Loja.
Informó Matilde Ortíz de que con el decreto ley se simplifican los grados y niveles y se minora la burocracia, y se apuesta por la atención profesional, garantizando la calidad de los servicios prestados y valorando al cuidador familiar. Para ello, añadió la concejal, es necesario exigir unos requisitos a dichos cuidadores con una cualificación profesional suficiente. Con todo ello, aseguraba Ortiz, se consigue la sostenibilidad del sistema de prestación de atención a la dependencia, se garantiza su viabilidad, prioriza a las personas más necesitadas y se simplifican los mecanismos.
Sobre la casuística lojeña, esta concejala dijo que existían 188 solicitudes sin valorar por la Junta de Andalucía, de las que 162 expedientes habrían caducado ya, aunque después matizó que no significa que tengan que volver a poner en marcha el proceso. Indicó también que dentro del grado uno nivel dos, se habían presentado 162 solicitudes, habiendo cumplido el Ayuntamiento con su obligación de formalizar el expediente en 32 casos y sólo se habían resuelto 16 por la Junta, luego las 126 personas restantes tendrían que esperar hasta 2015 para ver alcanzado su reconocimiento de dependencia. Todo ello, dijo Matilde Ortiz, por culpa de la Junta de Andalucía que no atendía sus obligaciones en los plazos estipulados.
Por su parte, el alcalde Joaquín Camacho insistió en las opiniones y las informaciones aportadas por su compañera de equipo de Gobierno municipal y culpó al PSOE de la deriva de la Ley de Dependencia, considerando necesario que el PP tenga ahora que reconducirla y mejorarla, focalizándola -indicó- en las pesonas que más la necesitan, con equilibrio, equidad y justicia como valores fundamentales en su desarrollo, al contrario de lo que él consideraba como un ejercicio de derroche por parte del PSOE, con medidas no igualitarias como el cheque bebé o diversos casos de emplear el dinero público en acciones cuyos objetivos no son de primer orden.
Fijó su atención el primer edil en casos como la Residencia Nuestra Señora de la Misericordia de Loja en la que, a consecuencia de que la Junta de Andalucía no realiza los pagos previstos, los trabajadores están hasta 4 y 5 meses sin cobrar sus sueldos. Algo que calificó, juntó a otras deficiéncias a su juicio, como una manera encubierta de recortar en Servicios Sociales. Mientra tanto, dijo más adelante, el Gobierno de Rajoy destina un63,6% del presupuesto del Estado a políticas sociales.
A continuación Camacho se refirió a los programas desarrollados por convenios entre la Junta y el Ayuntamiento de Loja, y contabilizó en 91.600 euros el importe del programa de atención familiar con menores que debe cubrir totalmente el consistorio lojeño por desasistencia de la Junta, o los 72.000 euros del programa de drogodependencias, mientras que para inmigración el gobierno andaluz ha dejado de aportar los 7.900 euros con que lo hacía antes, se reduce a la mitad la aportación para el programa de zonas y de igual modo ocurre con el Centro de la Mujer, en el prograba de absentismo, aseguraba el alcalde, la reducción de la aportación de la Junta se eleva al 40% y para los centros de día municipales, de 14.000 euros ha pasado a 700 euros destinados a las actividades de los centros de día de Ventorros de San José, San Francisco y La Fábrica. “Eso si son recortes” enfatizaba el primer edil, “cuando lo que debería reconocer es que no puede prestar esos servicios” añadió.
En sanidad también cifró recortes por parte de la Junta al no poner en marcha todos los servicios del Hospital de Loja, tal como se había comprometido a hacer.
Finalmente, tanto el alcalde como la concejala se refirieron a la Teleasistencia, asegurando que, efectivamente, las 52 nuevas altas en 2012 de usuarios es porque otros tantos mayores de 80 años pasan a depender directamente de la Junta de Andalucía, pero que lo que daba idea de la eficacia del gobierno municipal actual, en contraste con el anterior, es que durante 2009 se gestionó el paso a esa consideración a 29 usuarios, 31 en 2010 y 13 en 2011, mientras que en este ejercicio se había llegado a la ya citada cifra de 52 nuevos usuarios
