El pleno de la corporación municipal se reunió el pasado jueves en sesión ordinaria, la correspondiente al mes de noviembre, para abordar un total de 17 puntos dentro del orden del día. Con un retraso de algo más de media hora sobre el horario previsto, debido a una reunión de la junta de portavoces, la sesión se prolongó por espacio de tres horas.
En primer lugar los ediles se detuvieron en el punto número 2, el relativo al control de actos y acuerdos, punto en el que el portavoz del grupo municipal socialista, Andrés Ruiz, se refirió a un decreto relativo a la designación de un funcionario como cabo de bomberos para que ejerza además las funciones de jefe y preguntó si existe partida presupuestaria para pagarle como jefe y si reúne los requisitos para poder ocupar dicho cargo. Según Ruiz Martín “hay que evitar que si legalmente una persona no puede ocupar un puesto porque no reúne los requisitos, lo ocupe”. El portavoz socialista dijo que “se debería revisar ese decreto y dejarlo en suspenso hasta tener la seguridad de que se puede pagar y comprobar si tiene los requisitos para ocupar ese puesto de jefe para evitar cualquier problema”.
La teniente de alcalde delegada de Gobernación, Mª Jesús Ruiz, respondió a la pregunta del portavoz socialista, señalando que “cuando se hace un decreto es porque existe un informe jurídico previo para poder firmarlo”, indicando que “se ha nombrado de manera provisional de cabo de bomberos a una persona para que lleve a cabo esta función, comprobando que puede asumir las funciones del técnico jefe en su ausencia o cuando ese puesto se encuentre vacante, como ha sido el caso”, anunció. Igualmente, informó que esa comisión de servicios tendrá como duración hasta que se provea el puesto tras el proceso de concurso de méritos y en todo caso con el límite máximo de un año. En cuanto a las retribuciones “al existir dentro de esa relación y descripción de puestos que en caso de vacante en la jefatura de técnico jefe en el servicio de extinción de incendios asume las competencias del mismo, las retribuciones del jefe técnico de bomberos son asumidas por el puesto de cabo”. Asimismo, comunicó que “se ha mirado toda la normativa legal comprobando que esta persona tenga la capacidad tanto de méritos como de titulación para poder ocupar el puesto de cabo de bomberos y que se haga como comisión de servicios mientras se hace el concurso de méritos del puesto correspondiente”.
Andrés Ruiz manifestó sus dudas de que se pudiera hacer el decreto sin una modificación presupuestaria, por lo que solicitó un informe al respecto para evitar problemas legales, señaló. Por otro lado, el portavoz socialista se refirió a la provisión de una plaza para sustituir al anterior gerente de Gemalsa, solicitando un informe del secretario sobre la titulación que debe reunir esta persona, contestándole el alcalde que se le pasaría un informe.
Seguidamente, y ya en el apartado de Hacienda, se daba cuenta de una modificación de crédito por transferencia de créditos entre aplicaciones pertenecientes a distintas políticas de gasto, a propuesta de la alcaldía. A continuación se aprobaba por unanimidad una modificación de crédito por concesión de crédito extraordinario, igualmente a propuesta de la alcaldía.
También en Hacienda se aprobó con los votos favorables del PP y CpL y en contra del PSOE, otro expediente promovido por la alcaldía sobre declaración de no disponibilidad de créditos por supresión de la paga extraordinaria de diciembre. Sobre este asunto intervino el portavoz socialista, Andrés Ruiz, para indicar que su grupo iba a votar en contra ya que “el Ayuntamiento ha hecho esto por cumplir un decreto, pero nosotros no estamos de acuerdo en que se les quite a los trabajadores” señaló. Ruiz Martín recordó que “una vez que se decidió quitar esta paga extraordinaria de navidad a los trabajadores, nosotros presentamos una moción para que se quitase también a los cargos políticos para equipararse con el resto de los trabajadores”, indicando que no estaban de acuerdo en que se les rebajara el sueldo a los trabajadores y manifestando su posición en contra con respecto a este decreto.
La teniente alcalde y concejala de Recursos Humanos, Mª Jesús Ruiz, respondió al portavoz socialista que “votar en contra es ir en contra de un Real Decreto Ley que exige el acuerdo de no disponibilidad de dichos créditos, al margen de que se esté de acuerdo o no en el propio concepto de la supresión de la paga”, por lo que pidió al grupo socialista que reconsiderara su intención de voto, la cual se mantuvo, por lo que el punto se aprobó por mayoría absoluta, con el voto en contra del PSOE.
En el siguiente punto se aprobó por unanimidad un expediente sobre ordenación e imposición de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por tramitación y expedientes de ruina a propuesta de la teniente alcalde delegada de Hacienda, Gobernación y Personal.
A continuación se daba cuenta de otro asunto relativo al informe trimestral de morosidad de conformidad con la Ley 15/2010 de 5 de julio correspondiente al tercer trimestre de 2012, promovido por la tesorera municipal.
Seguidamente, el pleno retiró de la sesión, tras acuerdo anterior de la junta de portavoces, dos puntos que había previstos en relación a la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa de cementerio municipal y la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras, de tal forma que la subida que iba a pleno se retiró, decidiéndose mantener la aprobada en el anterior pleno de octubre, correspondiente al 3,5% del IPC.
Todavía en el apartado de Hacienda, se abordaría a continuación uno de los puntos de más debate a lo largo de la sesión, en el que, a propuesta de la portavoz del grupo municipal popular, se llevaba la celebración de una conferencia de alcaldes y medidas urgentes de financiación local, aunque finalmente se retiraría del punto la petición de dicha conferencia, aprobándose la solicitud de medidas urgentes tanto al Estado como a la Junta de Andalucía. Fue el alcalde, Joaquín Camacho, quien comenzó defendiendo la propuesta, señalando que “los ciudadanos no pueden hablar directamente con el presidente del gobierno sino con su alcalde”, indicando que “todas las administraciones tienen problemas y la administración local es la que tiene mayor asfixia”, añadiendo que “estamos gestionando servicios que competen a otras administraciones”. Así, Joaquín Camacho recordó que “hay un acuerdo para financiar a las comunidades autónomas, por lo que creemos que debe haber una transferencia de estas a los ayuntamientos, que permitan mejorar los servicios a los ciudadanos”. En ese sentido el alcalde defendió la propuesta del grupo popular de poner en marcha una conferencia entre alcaldes y administración y que debía salir de un acuerdo entre todos los grupos políticos y administraciones. Joaquín Camacho también dijo que “los ayuntamientos y las Diputaciones generan un porcentaje muy reducido de déficit en comparación con autonomías y Estado”.
En concreto, la propuesta del grupo popular contemplaba los siguientes acuerdos: solicitar al gobierno andaluz a impulsar la puesta en marcha de esta conferencia de alcaldes y solicitarle que adopte de forma urgente diferentes medidas tendentes a la mejora de la financiación de los ayuntamientos, como es modificar la Ley de participación de las corporaciones locales en los tributos de la comunidad para que haya una participación efectiva y que mientras tanto se incremente la cuantía del fondo de participación para hacer frente a todos los servicios que se prestan, modificar la Ley de Autonomía Local de Andalucía para que se definan las competencias de las corporaciones locales, un calendario para que la Junta de Andalucía liquide las deudas que tiene pendientes con los distintos ayuntamientos derivada de convenios para así garantizar prestación de servicios sociales, incrementar un 50% las cantidades destinadas en los presupuestos de la Junta para conceder anticipos de tesorería a los ayuntamientos, aumentar las cantidades previstas en el plan de cooperación municipal alcanzando como mínimo el 5% de los presupuestos de la Junta y estudiar mecanismos de compensación de deudas entre ambas partes.
Tras la exposición del alcalde, tomaba la palabra el portavoz de CpL, Antonio Ramón Molina, quien recordó que en la comisión informativa su grupo se abstuvo, porque si bien compartía lo expuesto por el grupo popular, entendían desde este grupo que “el aumento del porcentaje con el que deben de contribuir de los impuestos generales las comunidades a los ayuntamientos también debe hacerse por parte del Gobierno Central” por lo que solicitó que se incorporarse en la moción y que en la misma se contemplara la parte que corresponda a las competencias del Estado, y que ese porcentaje esté equiparado al de otros países europeos. Así pues, dijo que su grupo estaba de acuerdo en los planteamientos ante los problemas de financiación y liquidez existentes, al mismo tiempo que el Ayuntamiento de Loja está asumiendo competencias y servicios que corresponden a otras administraciones, como ya había señalado el PP, lo que estaba generando problemas de funcionamiento. Molina pido a los populares que incorporasen la petición también al Gobierno Central, anunciando que en tal caso votarían a favor, aunque sí manifestó que ellos no estaban de acuerdo con el planteamiento de solicitar una conferencia de alcaldes, “puesto que ya existe la FAMP y entendemos -señaló Molina- que es a través de la misma desde donde debe gestionarse todo esto”.
Joaquín Camacho reiteró que el objetivo de esta moción era intentar solucionar el problema de la financiación local de los ayuntamientos, señalando que las competencias que se estaban asumiendo y que no competen al propio ayuntamiento, dependen y competen a la Junta de Andalucía. En cualquier caso, anunció que su grupo no tenía ningún problema en incluir también en la moción que se incluyera un aumento en relación a la participación de los impuestos del Estado también para los ayuntamientos, pues la situación es la misma. “La financiación local hay que solventarla con seriedad para que haya capacidad de reacción y garantizar la prestación de los servicios”, dijo Joaquín Camacho. En cuanto a la propuesta de la conferencia de alcaldes, Camacho recordó la situación en la que se encuentra la FAMP, en la que todavía no se han renovado sus órganos de gobierno, por lo que está bloqueado, reconociendo que “es el órgano que debe articular esa defensa del municipalismo ante la Junta y el Estado”.
De esta forma, PP y CpL acordaron incluir en la moción la misma petición a la Junta y el Estado en cuanto a aumentar la participación de los tributos en la financiación de los ayuntamientos, además de solicitar instar a la FAMP a que actualice sus cargos y pueda funcionar, por lo que decidieron quitar de la propuesta la petición de de la conferencia de alcaldes, pasándose a la votación, en la que los dos grupos que comparten gobierno votaron a favor, mientras que el PSOE lo hizo en contra, aprobándose pues con mayoría absoluta.
El último punto de Hacienda era una solicitud de pago a la Junta de Andalucía de las transferencias corrientes pendientes, a propuesta de la portavoz del grupo popular. Otro asunto en el que se volvía a hablar de la financiación para la prestación de servicios y que también generó largo debate. El alcalde volvió a reiterar que el ayuntamiento está asumiendo servicios, sobre todo en materia de servicios sociales, que son competencia directa de la Junta. Camacho señaló que la deuda que tiene actualmente la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de unos 700.000 euros en transferencias corrientes y enumeró los diferentes conceptos y cuantías. Así, dijo que en el programa de absentismo escolar se adeudan 2.500 euros, del programa de Zonas de la Alcazaba-Alfaguara 28.000 euros, en el convenio de mantenimiento del Centro Comarcal de Drogodependencias 71.917 euros, en la subvención a ayudas económicas familiares 4.500 euros, o la deuda que la Junta de Andalucía mantiene con el ayuntamiento en el convenio firmado con respecto a la Residencia Nuestra Señora de la Misericordia. Así, el alcalde señaló que para garantizar estos servicios la Junta debe pagar esta deuda.
Esta petición de los populares tuvo la misma respuesta por parte de sus socios de gobierno de CpL, pues, al igual que en el caso anterior, este grupo consideraba que también había que hacer la misma petición al Gobierno Central y a todas las administraciones para que cumplan con sus obligaciones e ingresen este dinero, señalando que volverían a apoyar la moción si se ampliaba esta petición a las demás instituciones.
Por su parte, el portavoz socialista, Andrés Ruiz, señaló su grupo estaba de acuerdo con el planteamiento del portavoz de CpL, indicando que “si le solicitamos el pago a todas las administraciones sí lo vemos lógico”, señaló. Ruiz Martín dijo que debería aparecer en la moción los motivos por los cuales todas las comunidades autonómas mantienen deudas con los ayuntamientos, señalando que “el motivo es el retraso en la orden de distribución de créditos por el retraso de los Presupuestos Generales del Estado por motivos electorales”, aseguró.
Tras este primer turno de intervenciones continuaron produciéndose nuevas intervenciones por parte de los tres grupos, debatiéndose durante muchos minutos hasta que finalmente se dio paso a la votación, aprobándose la solicitud de pedir el pago de las transferencias corrientes pendientes tanto al Estado como a la Junta de Andalucía.
A continuación se entraba en el apartado de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente, en el que en primer lugar se aprobaba por unanimidad un proyecto de actuación de Centro de Telecomunicaciones en Polígono 11, parcela 369 (Hacho) del término municipal de Loja, promovido por la Red de Banda Ancha de Andalucía S.A., al igual que se hacía con rectificación de error material de planos del PGOU de la Unidad de Ejecución número 15, Venta del Rayo, promovido por la alcaldía.
En Bienestar Social, tras declararse la urgencia, se aprobaba también por unanimidad una moción promovida por la teniente-alcalde delegada de Bienestar Social, por el reconocimiento del papel de las asociaciones de mujeres en el mundo rural, como motor de avance hacia la igualdad real entre mujeres y hombres.
En el apartado de mociones de urgencia, el grupo socialista llevaba una moción sobre el Plan Concertado de Servicios Sociales, que también provocó un largo debate en la sesión. Se trataba de una moción en defensa de la Ley de Servicios Sociales, tal como expuso la concejala socialista Josefa Jiménez, quien denunció el “brutal recorte” de los presupuestos destinados al Plan concertado, “lo que demuestra -dijo- la insensibilidad del Partido Popular”, puesto que hay miles de personas que viven en una situación muy difícil. Según aseguró Jiménez “257.000 usuarios dejan de ser atendidos y se eliminan casi 2.000 puestos de trabajo y todo en medio de una profunda crisis que ha incrementado hasta 8 millones el número de usuarios, la tercera parte de ellos menores”, anunció la edil socialista, quien denunció que “todo esto se produce por el recorte del Gobierno Central en un 45% a Andalucía en 2012, que bajará otro 40% en 2013”. Según esas cuentas, continuó Jiménez, “Loja va a dejar de percibir 2 de cada 3 euros en materia de servicios sociales básicos”.
Así, en la moción el PSOE pedía que el pleno mostrara los recortes realizados por el Gobierno Central y que instara al Ministerio a que destine la misma financiación de 2011, dando traslado de la propuesta a los Ministerios, la FEMP y la FAMP.
Intervino Hilaria Muñoz quien manifestó que siempre estarán en contra de cualquier recorte en materia de servicios sociales, pero aseguró que “el coste que tienen los servicios sociales comunitarios para Loja es de más de un millón de euros, que está soportando el Ayuntamiento”, indicando que la Junta debería aportar más, pues sólo financia con un 10%”, anunció. “Así pues -dijo- igual que se le reclama al Gobierno Central hay que hacerlo también con la Junta”.
Por su parte, el alcalde mostró su sorpresa cuando se hablaba por parte del PSOE de la insensibilidad del PP en los servicios sociales, coincidiendo en señalar que “a nadie le gusta que se recorte en determinados servicios”, pero recordó que “los servicios sociales hay que pagarlos”, culpando a la gestión del anterior presidente del Gobierno de las medidas que ahora se están teniendo que tomar por parte del actual Gobierno Central. Joaquín Camacho dijo que “el Ayuntamiento ha ampliado el fondo de emergencia social y se ha hecho un gran esfuerzo para ello”, pero preguntó: ¿cómo vamos a destinar más dinero si no lo hay?, al mismo tiempo que denunció que “el Ayuntamiento de Loja va a pagar este año más de 3 millones de euros de la gestión socialista”.
Al respecto el alcalde dijo que prefiere un gobierno que vaya de frente y diga lo que hay, a diferenia de la Junta de Andalucía “que no lo dice y sin embargo hace también recortes, algo que es lógico ya que no tiene dinero”, añadió, señalando también que este año la Junta da a Loja un 50% menos, por lo que también hay que tener en cuenta sus recortes.
Josefa Jiménez le contestó señalando que estaban hablando del plan concertado y no del plan de emergencia social y volvió a reiterar que quien había recortado había sido el Gobierno Central a las comunidades autonómas, a lo que el alcalde replicó señalando que “Loja tiene a 188 personas esperando una valoración de la Junta de Andalucía desde el año pasado” y que el PSOE de Andalucía también está recortando, “pero lo está haciendo debajo de la mesa, mientras el Gobierno Central lo dice y lo reconoce”, aseguró Joaquín Camacho.
El asunto se dilató con nuevas intervenciones y acusaciones hacia la responsabilidad del Estado o la Junta de Andalucía, según el caso, hasta que se dio paso a la votación, aprobándose la moción con los votos a favor del PSOE y CpL y en contra del PP.
Tras el largo debate que deparó este punto, el grupo socialista decidió retirar otra moción que había previsto presentar sobre el Plan de Obras y Servicios de Diputación, para debatirla en otra sesión, con vistas a no alargar más una sesión que volvió a alcanzar las tres horas de duración.
Sí se abordaría finalmente el último apartado, el de Ruegos y Preguntas. En el mismo hubo varias intervenciones por parte de concejales del PSOE, alargándose también este apartado. Así, Isabel Pavón pidió que se produjera una disculpa por parte del concejal que en el anterior pleno había utilizado una palabra despectiva hacia dicho pleno. También pidió que se retiren los bidones que hay en el Pósito y que se colocaron con motivo de la Feria Grande. Por su parte, Juan Francisco Mancilla preguntó al alcalde si era conocedor de las últimas declaraciones del subdelegado del Gobierno sobre el AVE, que contempla nuevas modificaciones, recordándole que en el mes de abril había afirmado que la variante de Loja y la Estación de Loja se habían aprobado en cuanto al proyecto constructivo, lo que significaba que no se iban a hacer modificaciones, así como unas declaraciones posterior en las que se aseguró que los cuatro tramos de Antequera a Granada no sufrirían ningún cambio. Mientras, pidió a Antonio Ramón Molina un informe sobre las tormentas que cayeron en el Paraje del Frontil y los daños causados. Por último, Josefa Jiménez preguntó sobre una arqueta que se había desbordado entre la calle Almería y la Plaza Al-Jatib.
Antonio Ramón Molina comenzó respondiendo a esta última pregunta, señalando que en la calle Almería el problema es que la tubería es más estrecha de lo debido y que levantar la calle supondría un gasto excesivo, por lo que dijo que se iba a mirar este asunto y se hará todo lo que se pueda para solventarlo. Sobre la tormenta y los daños en el Frontil dijo que estaban esperando el informe de los daños. En cuanto a los bidones junto al Pósito, señaló que no se pudieron retirar en su día al no tener una maquinaria que soporte el peso de los mismos.
El alcalde pasó a contestar el resto de preguntas. En relación a las supuestas palabras ofensivas por parte de un concejal en el anterior pleno, aseguró no haberlas escuchado, pero si se dijeron está claro que no se puede aceptar por el pleno y, en tal caso, pedía disculpas en nombre de este concejal. Sobre el AVE dijo conocer las declaraciones del subdelegado del Gobierno y anunció que se estaban haciendo gestiones para hablar con el Ministerio de Fomento y el propio subdelegado. En ese sentido, el primer edil manifestó que su respuesta era volver a reiterar su deseo de que haya AVE y Estación en Loja y que se respeten los acuíferos.
En el turno dado al público, intervino el pedáneo de Ventorros de San José, José Antonio Arco Muela, quien en un tono bastante elevado que provocó la atención de todo el pleno, dio lectura a un informe presentado por las cooperativa Cerro Gordo y Los Gallombares sorbre los daños ocasionados en la carretera que une Loja con Ventorros de San José. En el mismo sus representantes señalan que se están viendo seriamente afectados en su actividad, solicitando que se tengan en cuenta los perjuicios económicos. El representante de Ventorros anunció que de seguir así los vecinos se van a quedar aislados poniéndose en serio riesgo su salud, y dijo en un tono aún más elevado que “la carretera de los Ventorros no se puede paralizar, preguntando cuándo se va a solucionar este grave problema.
El alcalde le agradeció su intervención, señalando su comprensión por la preocupación existente en el pueblo, y recordó que en el pleno se solicitó en su día a la Junta que se haga el nuevo trazado y mientras tanto, que se arregle y mejore. El primer edil manifestó su deseo de que pronto pueda ser una realidad, pues se trata -dijo- de una estructura fundamental y anunció que se están haciendo gestiones desde el Equipo de Gobierno. En ese sentido, anunció que el próximo día 21 visitará Loja el delegado de Fomento y uno de los temas prioritarios es que no se pare el proyecto de la carretera de Ventorros de San José, anunciando su compromiso de seguir luchando por ello.
Con esta respuesta a la intervención del pedáneo de Ventorros de San José finalizó la sesión pasadas las 23.30 horas.
