La concejala de Bienestar Social, Matilde Ortiz, anunció que la labor de los servicios sociales se continuará llevando a cabo a pesar de los recortes que la Junta de Andalucía ha efectuado en diferentes planes y programas de esta área. Ortiz quiso señalar que, según la ley, este tipo de servicios públicos dependen directamente de los gobiernos autonómicos y no de los ayuntamientos, lo que supone un incremento del gasto municipal inesperado en los presupuestos, ya que el Ayuntamiento tendrá que suplir parte de dicha diferencia para mantener los servicios sociales.
También informó de que para este año, el Centro de Información a la Mujer ha recibido por parte de la Junta el 25% de su presupuesto total en lugar del 50% que percibía en el 2012 y que supone casi 15.000 euros más de coste. En este mismo año, el programa de Inmigración ofrecía su servicio a 1.800 personas y percibió 14.537 euros; actualmente la Junta ha retirado la totalidad de su financiación, lo que ha supuesto que el servicio ha sido absorbido por los Servicios Sociales. Por otra parte, el Centro de Drogodependencia, que atiende a más de 10 municipios, recibirá 16.181 euros para el trimestre del 2013 a diferencia de los 71.917 en el ejercicio anterior, a los que se sumaron 50.000 euros de las arcas municipales. Según los cálculos de la concejalía, se estima un 10% menos en la subvención. Matilde Ortiz expuso que el equipo de gobierno también se ve en la obligación de reducir este presupuesto en otro 10%.
Con respecto al Plan Concertado, que incluye servicios como emergencia social, ayuda a domicilio o teleasistencia, la Junta de Andalucía destinará 125.000 euros que se restarán de un coste total que ronda el millón de euros financiado por el Ayuntamiento de Loja.
Matilde Ortiz quiso señalar que en el caso del refuerzo a las dependencias se recibirá desde el gobierno autonómico 48.000 euros de los 97.000 presupuestados en el 2012. En este caso, la Junta de Andalucía es posible que no autorice el acuerdo a los que habían llegado los trabajadores de este servicio de ajustar su salario a dicha cantidad, por lo que podría eliminarse la plaza de administrativo que existe en actualmente.
Ortiz informó también del coste de 30.000 de los 170 terminales de teleasistencia, en donde el Ayuntamiento aportaba la mitad de dicha cantidad y el resto provenía de la Federación Española de Municipios y Provincias y el INSERSO, los cuales han retirado sus fondos, por lo que será financiado completamente con activo municipal. Como consecuencia, los usuarios que decidan mantener este sistema de comunicación tendrán que abonar una cuantía para equilibrar el gasto. Matilde Ortiz afirmó que “no somos nosotros quienes recortamos, si no organismos externos los que están reduciendo su aportación”, y añadió que la aportación a centros de día, los denominados de envejecimiento activo, la financiación ha pasado de 14.000 euros a 700, los que supondrá “un mayor esfuerzo por parte de los trabajadores” y añadió que “la Junta no está haciendo los deberes”, ya que, según afirmaba la concejala, ha habido un recorte total de 207 millones de euros en total en esta área. Y denunció que haya aumentado el presupuesto de Canal Sur en 16 millones.
Por su parte, el segundo teniente de alcalde, Antonio Ramón Molina, afirmó que para el equipo de gobierno “la atención a las personas es una cuestión prioritaria y que debe ser el objetivo primero y último de cualquier gestión política que se haga”, de la misma forma que “la economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía”.
Aunque no quiso dejar de lado la importancia del saneamiento económico del Ayuntamiento así como la necesidad legal de realizar las exigencias del plan de ajuste en el municipio, también señaló que cubrir el aumento de los costes que suponen dichos recortes (en donde se incluye un 50% menos de subvención en el presupuesto del Plan Concertado por parte del Gobierno central) supondrá un gran esfuerzo para las arcas municipales, por lo que la aportación del Ayuntamiento se verá reducida en los presupuestos de este año, aunque Molina afirma “que se hará un esfuerzo considerable” y añadió que “no es de recibo que tengamos que hacernos responsables de las competencias de otras instituciones”.
A este respecto, el alcalde de Loja, Joaquín Camacho, añadió que la deuda por habitante es la más alta de la provincia e incluso más que Granada capital, ascendiendo a 878 euros por cada lojeño, por lo que se intentará recortar en diferentes partidas (no especificadas todavía) para poder asegurar dichos servicios, y terminó aclarando que esta deuda, proveniente de la gestión municipal anterior, no la pagan los alcaldes “si no los ciudadanos”.
