La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Loja han reclamado al Gobierno de España que rectifique en los criterios de adjudicación de la denominada ‘tarjeta monedero’ que facilita el suministro alimentario a personas en riesgo de exclusión social. La delegada de Asuntos Sociales de la Junta en Granada, Matilde Ortiz, ha visitado el municipio para afirmar que a partir de abril solo se les prestará este programa a familias con hijos menores a su cargo. Con esa decisión, que se afirma que ha sido unilateral por parte del ente gubernamental, se estima que se dejará sin prestación a más de 280.000 andaluces.
Ortiz, a las puertas de la sede del Banco de Alimentos de Loja y acompañada del alcalde, Joaquín Camacho, y la concejala de Bienestar Social, Paloma Gallego, ha criticado el cambio del sistema de reparto, al entender que no se ha contado con la opinión de las comunidades autónomas. Recuerda como esta tarjeta se gestiona a través de las ONGs Banco de Alimentos y Cruz Roja, y reseña que son éstas las que observan la necesidad de otros colectivos sin hijos menores, como pueden ser familias con hijos mayores de edad, personas mayores, personas sin hogar o mujeres víctimas de violencia de género.
A la delegada no le cuadran los datos, al anunciarse que se cuenta con 100.000 tarjetas monedero para todo el país que beneficiarán a 70.000 familias. Por el contrario, Ortiz afirma que solo en Andalucía se atendían a 330.000 personas, por lo que el 85% de las personas se van a quedar fuera a partir del mes de abril. “No sabemos cómo van a ser atendidas esas personas”, comenta la delegada que considera “injusto” que solo se atienda a familias con menores.
“Creemos que es un reparto muy injusto que el gobierno debe de rectificar y hablar con las comunidades autonómicas para llegar a un acuerdo”, insiste la delegada recordando que los menores de familias vulnerables comen en el colegio y tienen ayuda en el verano. También afirma que es un maltrato para las ONGs que son las que están en contacto con los necesitados. “Se está excluyendo y maltratando a estas organizaciones que han servido para que las familias salgan adelante con la colaboración de los ayuntamientos”, enfatiza la delegada.
Por su parte, Camacho, comenta que, ya que el lema del Gobierno es “no dejar a nadie atrás”, deben de conocer la realidad y cuanto menos “no dejar a nadie de lado”. Al regidor le han sorprendido los datos y el número de personas que se van a quedar fuera del programa. “Me han sorprendido los datos. No salen las cuentas. Un clarísimo recorte en políticas sociales y ayuda a los desfavorecidos”, afirma Camacho que pide que se consulte con las comunidades autónomas y los propios ayuntamientos. “Nosotros no recortamos en políticas sociales y vivimos en una etapa donde más se invierte”, destaca el regidor.
