Los grupos municipales hicieron un esfuerzo de entendimiento y acuerdo en la última sesión del pleno de la corporación

Con un espíritu que sorprendió incluso a los propios ediles, que así lo manifestaron, la sesión plenaria celebrada el pasado martes 2 de abril tuvo un apreciable tono de diálogo que produjo el voto unánime incluso en algunos asuntos en los que, a priori, podrían parecer difícil de alcanzar, lo cual no significa que no hubiese diferencias e incluso fuerte debate político, pero todo dentro de un esfuerzo de entendimiento y concordia al que no suele tener acostumbrados el máximo órgano de gestión local.
El pleno ordinario estuvo precedido por sendas sesiones de la Junta General de Accionistas de las empresas públicas municipales, Sociedad de Comunicación de Loja S.L., Emuviloja y Gemalsa, para debatir y aprobar en su caso las cuentas anuales del ejercicio pasado.
Metidos ya en faena propiamente municipal, el orden del día se elevó hasta 29 puntos, lo que hizo que la sesión hubiera de ser, indefectiblemente, rápida en algunos expedientes y más lenta y pormenorizada en otros, pero aún así alcanzó las dos horas y media.
En la primera parte, que se correspondió con el apartado de Gobernación, muchos de los asuntos consistían en dar cuenta a los correspondientes decretos de la Alcaldía en los que se articulaban los cambios producidos en el equipo de Gobierno a raíz de la salida de la Corporación de Antonio María Caro y la entrada de Consuelo Bueno. En ese contexto se produjo el nombramiento de tenientes de alcalde, quedando asignados para tal función, en orden de primero a séptimo los siguientes concejales: María Jesús Ruiz, Antonio Ramón Molina, Antonio Manuel Cobos, Matilde Ortiz, Cristina Campaña, Joaquín Ordóñez y Consuelo Bueno. Así mismo, pasan a formar parte de la Comisión de Gobierno Local Joaquín Ordóñez y Consuelo Bueno; y el reparto de delegaciones correspondiente a los miembros del equipo de Gobierno por el PP queda de la siguiente manera: María Jesús Ruiz, Economía Hacienda y Gobernación; Antonio Manuel Cobos, Urbanismo, Vivienda, Salud, Consumo y Nuevas Tecnologías; Matilde Ortiz, Bienestar Social, Igualdad e Integración Social, dejando Cultura; Joaquín Ordóñez, Recursos Humanos y Fiestas; Consuelo Bueno,  Educación y Cultura; Leocadia Ruiz, Presidencia y Participación Ciudadana; y Rafael Jiménez, Patrimonio y Gestión Patrimonial. Las competencias municipales que ostentan los ediles de Convocatoria se mantienen intactas. También se estableció la composición de las comisiones informativas y la representación municipal en órganos colegiados.
Más adelante, se abordó una moción para la adaptación del régimen de prestación económica en la situación de incapacidad temporal del personal del Ayuntamiento de Loja al Real Decreto de la Reforma Laboral, que fue aprobado por mayoría gracias a los votos de PP y CPL, mientras que el PSOE votó en contra. El portavoz socialista, Andrés Ruiz, argumento el voto de su grupo afirmando que lo hacían por estar “en contra de un decreto del Gobierno del PP que no beneficia a los trabajadores”. La portavoz del PP, María Jesús Ruiz, dijo no entender esa postura por cuanto se trataba de un cambio favorable para los trabajadores municipales.
Dentro también del apartado de Gobernación se aprobó por unanimidad la firma de un convenio con la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía para la colaboración en el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. Según explicó el alcalde, Joaquín Camacho, posibilita una serie de medidas que benefician a las personas que están siendo desahuciadas de sus hogares por no poder hacer frente a una hipoteca, “tratándose de dar respuesta a esas difíciles situaciones”, dijo el regidor, mediante la atención, información y asesoramiento, en sintonía con el convenio igualmente suscrito con Diputación de Granada y el Colegio de Abogados, con la puesta en marcha de la Oficina de Intermediación Hipotecaria que ya existe en Loja desde hace unos meses.
El siguiente punto iba íntimamente ligado con el anterior, pues se trataba de incorporarse al Fondo Social de Viviendas, puesto en marcha por el Ministerio de Fomento dentro de las medidas impulsadas por el Gobierno de España para atender a las personas incursas en un proceso de desahucio. El alcalde afirmó que, aunque insuficientes, “esas medidas van en la buena línea y se trata de poder usar, cumpliéndose una serie de requisitos, alguna de las viviendas que poseen las entidades financieras españolas, mediante un sistema determinado de alquiler, como hogar habitual”.El papel del Ayuntamiento de Loja en esa estructura es el de asesoramiento a las personas interesadas. El expediente fue aprobado por unanimidad.
Más adelante, la concejala de CPL Lari Muñoz defendió una moción de repulsa de las condenas impuestas por la justicia marroquí a 24 saharauis “acusados sin pruebas de diversos delitos a raíz de una concentración de protesta en el campamento de Gdeim Izik”. La moción también proponía exigir una solución definitiva para el pueblo saharaui exiliado de su país, la libertad de los presos políticos saharauis en cárceles marroquíes y la “denuncia de los abusos a los que este pueblos está siendo sometido”. La respuesta favorable de los tres grupos municipales fue unánime.
Otra moción impulsada en este caso por el PP era la relativa a la hospitalidad con las personas inmigrantes, de importante calado social, pues se trata de reclamar la modificación del anteproyecto de reforma del Código Penal que impulsa Ruiz Gallardón, en lo relativo a que no se penalice a aquellos ciudadanos que auxilien o ayuden a los inmigrantes sin papeles que se encuentran en territorio español. La posición favorable a esta solicitud se materializó de forma unánime por todos los ediles.
Y cerrando el apartado de Gobernación, se dio luz verde por los tres grupos municipales a la firma del nuevo convenio con el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios para la prestación del servicio en la zona de influencia del parque de bomberos de Loja. La cobertura se extiende a los municipios de Algarinejo, Huétor Tájar, Montefrío, Moraleda de Zafayona, Salar, Villanueva Mesía y Zagra, además de Loja. Explicó la portavoz popular María Jesús Ruiz que la aportación del Consorcio al mantenimiento del parque lojeño es de 270.000 euros y que fruto de las tasas que deben abonarse por los servicios prestados en otros municipios se podrían realizar tareas de mejora y mantenimiento del citado parque.
Adentrados ya en el apartado de Hacienda, se daba cuenta de la aprobación definitiva de dos modificaciones de crédito y se retiraba del orden del día una solicitud de bonificación de impuestos por parte de la Cooperativa Los Gallomabres para la instalación de una nueva nave en el polígono industrial  Manzanil II, hasta tanto esta empresa aporte la documentación que les permitirá optar al máximo de subvención previsto.
Así mismo, en este apartado se daba cuenta del informe de Intervención sobre la ejecución del Plan de Saneamiento Financiero del Ayuntamiento de Loja. La teniente alcalde de Hacienda, María Jesús Ruiz reconoció que no se había alcanzado el nivel de ingresos previsto y que por tanto había una desviación negativa. Como consecuencia de esa circunstancia, dijo la edil, no se podrán pedir nuevos préstamos en años sucesivos para inversiones.
Y llegó uno de los puntos más extensos y controvertidos de la sesión por cuanto no coincidía la valoración que hacían gobierno y oposición sobre la liquidación del presupuesto municipal del año pasado, del que se daba cuenta. María Jesús Ruiz fue la encargada de hacer un resumen de los fríos datos contables que reflejaban el resultado final de la aplicación del presupuesto del ejercicio 2012. Las cifras fueron sucediéndose hasta llegar a la conclusión de que, si bien el resultado de tesorería había sido positivo en unos 377.000 euros, al aplicarse los parámetros del plan de ajuste, el saldo negativo final se elevaba a 553.000 euros y se fijaba en índice de endeudamiento municipal en el 158%, lo que, como se vio en un punto anterior, impedía la posibilidad de poder pedir nuevos préstamos en el futuro. Ruiz recordaba que este año 2013 hay que pagar a bancos más de tres millones de euros, lo que se traduce en unos 9.000 euros diarios, y concluía diciendo que el consistorio se enfrenta a graves dificultades económicas.
El portavoz socialista, Andrés Ruiz, hizo un negativo resumen de las cuentas anuales del año pasado, asegurando que en un año y medio de gobierno del PP-CPL se había producido un “desmesurado” incremento de la deuda sin que se hubiese justificado con aumento de patrimonio o inversión municipal. Ruiz recordó que en los tres mandatos anteriores, de gobierno socialista, el incremento total de la deuda había sido de 15,7 millones de euros, quedando fijada en junio de 2011 en unos 27 millones de euros, “y sin embargo –añadía el portavoz socialista- la deuda actual se eleva 30,1 millones”, algo que calificó de “espectacular” y aseguró que ello se producía sin que creciera el empleo y con nuevas obligaciones con los bancos por valor de 6,6 millones de euros. Andrés Ruiz hizo un pormenorizado recuento de todas aquellas obras e inversiones municipales que habían quedado iniciadas o a punto de finalizar en la etapa socialista, obras, dijo que “son las que se ha encontrado el PP y CPL y que han sido hasta el momento las únicas que han ultimado o están llevando a cabo”. Ruiz concluía diciendo que todos los indicadores de la contabilidad presupuestaria del Ayuntamiento de Loja habían empeorado en este año y medio de mandato.
Le respondió el alcalde, Joaquín Camacho, discrepando totalmente de lo expuesto por el socialista y ponía en cuarentena los datos que Ruiz Martín había aportado en su exposición. El primer edil dijo que el PSOE  había endeudado a las arcas municipales en años de bonanza económica, cuando se podían pagar los préstamos, y que ahora, con la económica destrozada a nivel nacional, es muy difícil hacer frente a esas obligaciones, por lo que calificó de irresponsables a los socialistas, por cuanto, además, el nivel de endeudamiento había ido creciendo incluso ya en años de recesión y crisis económica. En su alegato, el alcalde afirmó que en 2.009 el equipo de gobierno socialista contrató préstamos por más de siete millones de euros “y ya se sabía que estaba empeorando la situación”. También espetó que el resultado de tesorería en 2010 había sido de menos 3,6 millones de euros y que en 2012, “fruto de una buena gestión por el nuevo equipo de Gobierno, se ha ido a 330.000 euros positivos”.
Camacho dijo que era muy difícil llevar a cabo cualquier nuevo proyecto cuando la ley establece que los bancos son los primeros que tienen que cobrar cada mes, seguidos del personal y los proveedores en tercer lugar. Y afirmó que en el mandato actual el único préstamo solicitado había sido para pagar a los proveedores. Más adelante, el regidor se refirió a un reportaje aparecido en prensa en el que Loja aparece como el ayuntamiento con mayor carga financiera por habitante de la provincia de Granada, consecuencia de la deuda que mantiene con las entidades bancarias. Una posición en el ranking que fue atribuida por Camacho al PSOE. En su conclusión, el alcalde vaticinó momentos difíciles en el consistorio, pero, por el contrario, dijo estar caminándose por el buen camino, “con responsabilidad”, mientras que del PSOE dijo que no hacía ninguna propuesta por salvar la situación.
El pleno continuaba con dos modificaciones de crédito de las que se daba cuenta y llegaba el apartado de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente con una moción de CPL para reclamar a la Consejería de Fomento de la Junta el arreglo de la carretera de Ventorros de San José. En su defensa, el portavoz de esta formación, Antonio Ramón Molina, hizo historia sobre las diferentes ocasiones en que habían planteado este problema a lo largo de los últimos años, hasta llegar a la última reunión con el actual delegado de Fomento en Granada, el izquierdista Manuel Morales, en la que les comunicó claramente que la obra no se encontraba actualmente entre las prioridades de la Junta de Andalucía, algo, dijo Molina, que les sorprendió pero que, al fin y al cabo, ponía las cosas claras y permitió al equipo de gobierno municipal reclamarle que se incluyera esta actuación entre las más prioritarias, por cuanto afecta al desarrollo de una buena parte de la comarca. Petición que ahora se materializaba en la moción solicitando que, cuanto antes se finalice la redacción del proyecto, se adjudique la obra y se realice la misma.
La posición del PP y del PSOE fue favorable a esta cuestión, si bien el alcalde recriminó a la Junta que no se hubiese llevado a cabo esta obra al igual que otras, como la carretera de Salar, ambas incluidas en el Plan Más Cerca y dijo también que la Junta había estado engañando al ayuntamiento lojeño. Por su parte, el portavoz socialista no sólo apoyaba la moción sino que añadía un nuevo punto a su redacción, por el que se pedía que se haban obras de urgencia para evitar el peligro de algunos tramos, a consecuencia de las lluvias. Finalmente la propuesta total fue aprobada por unanimidad.
Idéntica votación afirmativa obtuvo la siguiente moción, también de Convocatoria e incluida en el apartado de Bienestar Social, en la que se pedía al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía una adecuada financiación de los servicios sociales municipales. En su exposición, la edil de CPL Cristina Campaña indicaba la necesidad de tener una necesaria cooperación económica para la prestación de dichos servicios, y si bien hubo algunos desencuentros entre gobierno municipal y oposición por la forma de plantearse el texto preliminar de la moción, al final todos estuvieron de acuerdo en la petición.
El área de Desarrollo llegaba a continuación con una solicitud del programa de fomento de empleo agrario especial para reparar los accesos al polígono industrial Manzanil I, en muy deficiente estado de conservación, que fue aprobada por unanimidad.
Y cuando se acercaban las once de la noche, se incluyeron dos nuevos puntos, con carácter de urgencia, en el orden del día. El primero tenía que ver con la encomienda a la Diputación Provincial la gestión de la eliminación de los residuos sólidos urbanos, asunto sobre el que Andrés Ruiz pulsó la alarma al negarse a abordar un tema de “extraordinaria importancia para el futuro de Loja” sin contar con los preceptivos informes técnicos ni pasar por Comisión Informativa. El alcalde adujo la celeridad impuesta por Diputación para resolver el convenio (antes del 15 de abril), pero al final el tema quedó sobre la mesa para una inminente sesión, en la que ya se disponga de los informes de Intervención y Secretaría.
El segundo expediente adjuntado a última hora se refería a la redistribución de la partida económica destinada a sufragar los sueldos de los ediles populares en el equipo de Gobierno. Informó el alcalde de que la cantidad total no variaba, pero sí su distribución, de tal manera que él pasa a ganar 35.354 euros brutos anuales, de los 43.700 antes asignados, mientras que todos los tenientes de alcalde de su formación (menos la séptima que no está liberada) e incluyendo al concejal Rafael Jiménez, tienen una asignación bruto anual de 27.000 euros. A favor de la propuesta votaron populares y Convocatoria y se abstuvo el PSOE.
Finalmente, en el capítulo de ruegos y preguntas, se plantearon varias los ediles socialistas Juan Cobos, Juan Francisco Mancilla y Andrés Ruiz. Al ruego de necesaria reparación del camino de Vélez, intransitable en algunos de sus tramos, el concejal de Obras y Servicios Municipales, Antonio Ramón Molina habló de la necesidad de contar con algún día sin lluvia para realizar las operaciones y, en líneas generales, por cuanto otras cuestiones tenían que ver también con esta problemática, Molina dijo que estaban desbordados por los numerosos caminos del término municipal que se encuentran en nefastas condiciones como consecuencia de las lluvias, y que iban dando respuesta de acuerdo a la peligrosidad de la situación de cada uno de ellos. Otras cuestiones planteadas fueron la reclamación a Fomento de la mejora de la calzada de la A92 en los accesos de y desde Loja; o la necesaria reparación de la calle Geranios.
Fuera ya del orden del día, se dio voz al público, interviniendo el coordinador local de Izquierda Unida, Arturo Reina, para expresar su satisfacción por consensuarse el convenio con la Junta de Andalucía en el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, mientras que criticó al PP que los recortes del Gobierno de España estaban obligando a la Junta a trasladar dichos recortes a sus presupuestos, con lo que ello implicaba de falta de financiación para actuaciones como en la carretera de Ventorros. El alcalde le contestó a lo segundo que no se podía demonizar siempre al PP, “porque el Plan Más Cerca de carreteras se ha llevado a cabo entre 2008 y 2012” y buena parte de el, por tanto, con gobierno socialista en la Moncloa.
Frisando ya las once de la noche se levantaba la sesión y se daba por concluido el pleno.