El Ayuntamiento mantiene el Centro Comarcal de Adicciones tras alcanzar un nuevo convenio con la Junta

El Ayuntamiento de Loja seguirá contando, al menos hasta final de año, con el Centro Comarcal de Adicciones, cuyo futuro ha estado en entredicho al no tenerse seguridad sobre la aportación de la Junta de Andalucía. El establecimiento de un nuevo convenio con la Consejería de Salud y Bienestar Social hace posible el mantenimiento de un servicio que cuenta con más de 500 usuarios de toda la comarca, disponiendo para ello de un personal integrado por una doctora, una psicóloga y una trabajadora social. No ha sido hasta finales de marzo cuando se supo el montante de la aportación económica y el tiempo previsto para esta nueva etapa, lo que mantenía en vilo tanto a trabajadoras como a responsables municipales, pues de no haberse recibido la correspondiente subvención de la Junta se habría extinguido el servicio y con él la contratación de las trabajadoras. Finalmente, la Consejería de Bienestar Social ha hecho frente a su parte del convenio para nueve meses de vigencia, aunque con una reducción del 10% sobre la cantidad aportada el año pasado, lo que se traduce en un montante de 48.540 euros.

La incertidumbre sobre la continuidad del Centro de Adicciones disparó las alarmas, sobre todo cuando el equipo de Gobierno municipal, ateniéndose a la legislación laboral, con el plazo legal previsto tuvo que comunicar a las trabajadoras la finalización del contrato que las vinculaba con el servicio. Dicha comunicación, al igual que ya ocurrió a finales de 2012, hizo presagiar que se cerraría el Centro, máxime cuando pasaban los días sin respuesta regional a pesar de las “insistentes llamadas y requerimientos” que se hacían desde el consistorio lojeño. Y fue en plena Semana Santa cuando, tras una conversación personal del alcalde, Joaquín Camacho, con la directora general de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias, se supo de la pervivencia del convenio, aunque el documento no se recibiría hasta ya entrado el mes de abril. No obstante y aún sin contarse con un documento oficial, el consistorio ya anunció que continuaría con el servicio, aunque eso sí, trasladando el 10% de minoración de la subvención de la Junta al cómputo total de horas trabajadas por las facultativas, por lo que éstas disminuyen su jornada laboral en un 10% y consecuentemente el sueldo en esa misma proporción.

Así lo han explicado la concejala de Bienestar Social, Matilde Ortiz y el alcalde lojeño, Joaquín Camacho, que recientemente comparecían públicamente para acabar con las especulaciones y comentarios que han circulado por la ciudad, y garantizar a los usuarios que no tendrán merma en las atenciones que reciben.

En el relato de los hechos, Matilde Ortiz informaba de que en un principio sólo se había recibido una resolución de la Junta por el que garantizaba el mantenimiento de la subvención por tres meses, hasta finales de marzo, y que la situación sobrevenida de inseguridad posteriormente, cuando se tuvo que comunicar el finiquito a las trabajadoras el 15 de marzo, “fue aprovechada por el PSOE para crear inquietud y alarma social”, asegura la edil, al tiempo que dice haberse demostrado “el esfuerzo que ha realizado el equipo de Gobierno para que continúe”.

Más adelante, Ortiz afirma que se trato de buscar la colaboración económica de los municipios de la comarca que se benefician del Centro Comarcal de Adicciones de Loja, dada la “difícil situación que atraviesa nuestro ayuntamiento que nos hacía imposible continuar en solitario con el servicio”, pero la respuesta, a decir de la concejala, fue negativa e incluso por parte del alcalde de Huétor Tájar, Fernando Delgado, de cuyo municipio hay unos 100 usuarios en el Centro lojeño, “no sólo se negó a colaborar, sino que se ofreció a llevarse el centro a su pueblo, y eso no es serio”, se queja Matilde Ortiz. Para esta edil popular, la respuesta del gobierno municipal fue “clara y contundente, pues aún sin tener en nuestras manos el nuevo convenio, hicimos saber a las trabajadoras la continuidad, si bien con la propuesta de reducción del tiempo de trabajo, lo que significó por nuestra parte una apuesta decidida por este servicio”  apostilla. Finalmente, Ortiz expresaba su indignación por el tratamiento informativo recibido por el periódico El Poniente de Granada, que aseguró en sus páginas que el Centro se cerraba “sin contrastar la información”, y por la “machacona campaña del PSOE contra el PP tratando de presentarnos ante la sociedad como liquidadores de los servicios sociales, aún cuando se demuestra que no es verdad”.

El alcalde, Joaquín Camacho, insistió en trasladar a la Junta de Andalucía toda la responsabilidad de los problemas suscitados en torno a este asunto por ser éste un centro de su competencia y no resolver las dudas y garantizar su viabilidad en su momento. Rechazó las críticas socialistas de eliminación de puestos de trabajo en Servicios Sociales, asegurando que “fueron ellos los que dejaron a tres personas del Programa de Desarrollo Gitano en la calle” cuando gobernaban en el Ayuntamiento de Loja.

El primer edil aseguraba también que “nos comprometimos oficialmente a mantener el Centro Comarcal de Adicciones en la misma proporción que lo hacía la Junta de Andalucía, luego llegó por escrito el compromiso de la Consejería de Salud y Bienestar Social, pero nosotros ya nos habíamos comprometido previamente”, recalcó.

Finalmente, Camacho volvió a recordar la deuda que arrastra el ayuntamiento o las dificultades que plantea tener que pagar diariamente 9.000 euros de préstamos para poder afrontar no sólo cualquier nueva inversión, sino el propio mantenimiento de los servicios básicos, aunque de estos dijo que eran intocables.

El de Loja es uno de los tres centros comarcales de adicciones (antes llamados de drogodependencias) de la provincia de Granada, junto a los de Guadix y Motril.