Las asociaciones empresariales se movilizan ante la pérdida de servicios de las administraciones territoriales de Hacienda, como la que existe en Loja

El Ministerio de Hacienda pone en marcha una nueva normativa por la que se merman considerablemente los servicios de las administraciones comarcales, como es el caso de Loja. Una comisión de la Confederación Granadina de Empresarios, entre la que se encontraban el presidente de la ALCI, Antonio Campos y el secretario, Nestor Torres, junto a los representantes de las asociaciones empresariales de Baza y Guadix, se reunían ayer con el responsable de la Agencia Tributaria en Granada y les exponían sus preocupaciones por esa pérdida de competencias.

Como es sabido, desde hace ya bastantes años, en la provincia de Granada se cuenta con cinco administraciones territoriales del Ministerio de Hacienda, en Loja, Motril, Guadix, Baza y Órgiva, además de las dependencias de la capital. Unas oficinas que ofrecían una cartera de servicios muy amplias para facilitar considerablemente las gestiones que deben hacer los ciudadanos con la hacienda pública.

En los últimos meses se venía ya barruntando la posibilidad de pérdida de competencias de estas administraciones territoriales, sin embargo no ha sido hasta hace unos 20 días cuando se ha producido oficialmente el cambio de la normativa y, con ella, la disminución real de servicios.

Ante este panorama, que ya es conocido por las distintas instancias sociopolíticas, las asociaciones de empresarios se han movilizado y llegaban a esa reunión de ayer, para tratar de forzar una marcha atrás y que se continúe ofreciendo un servicio público que ahorra tiempo, desplazamientos y dinero a los administrados, y además produce para las cabeceras de comarca un flujo de visitas que redunda en la economía de la ciudad.

Si bien la medida de Hacienda es nacional, no siempre repercute de igual manera en las diferentes provincias, pues en Málaga, al parecer sólo afecta a una administración, mientras que en Granada lo hace en cuatro.

Un problema que parece también cernirse sobre el futuro de las dependencias judiciales.