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miércoles, 15 de enero de 2025

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Una empresa lojeña consigue el mayor concurso público de sanidad ambiental para el control de la Legionella en los centros de la UGR

GIMASUR, la compañía liderada por el lojeño José Antonio Velasco, se hace con una licitación que asciende a casi un millón de euros y que permitirá ampliar la plantilla

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La empresa lojeña GIMASUR AMBIENTAL S.L.U. ha sido la adjudicataria de uno de los mayores contratos públicos de Prevención y Control de Legionella de Andalucía, promovido por la Universidad de Granada (UGR). Según indica la compañía en una nota remitida a esta redacción, ha competido con varias multinacionales “pero que han sido superadas técnicamente por esta empresa lojeña”.

El contrato engloba la protección de las 70 facultades y centros de la UGR distribuidas en Granada y Melilla, tiene una duración inicial de dos años y ha sido adjudicado por 476.422,04€, con la posibilidad de ser prorrogado por otro periodo de dos años. “Por ello, el montante total previsiblemente traerá a Loja 952.844,08 euros”, destaca la compañía liderada por José Antonio Velasco, quien subraya que “de esta forma continuará prestando el servicio a la UGR que lleva ejerciendo desde 2019, reafirmándose como un referente nacional en la prevención y control de la legionella”.

SOBRE GIMASUR

GIMASUR AMBIENTAL,S.L.U. es una pyme lojeña fundada en 2014 por José Antonio Velasco Corpas, licenciado en Ciencias Ambientales. Se dedica a la rama de la Sanidad Ambiental, concretamente la prestación de servicios especializados de control de plagas (desinfección, desratización y desinsectación), además de la prevención y control de Legionella, tratamientos de la madera contra termitas y xilofagos, limpieza y desinfección de depósitos de agua potable.

Desde Loja actúa a nivel regional en la prestación de servicios a entidades de cualquier ámbito como son el Patronato de la Alhambra, diferentes ayuntamientos de Granada, Málaga, Jaén y Córdoba, hoteles, supermercados, residencias de ancianos, industrias agroalimentarias, centros deportivos y educativos, comunidades de vecinos y viviendas particulares.

Todos los trabajadores de esta compañía son naturales de Loja, conformando una plantilla de 7 profesionales, que será ampliada gracias a éste contrato público. Gimasur tiene sus oficinas en la Avda. Los Ángeles, nº 19, 1G de Loja. Es una de las empresas nacionales más pequeñas que cuenta con los principales Certificaciones en base a normas internaciones como ISO 9001 de Calidad, ISO 14001 de Medio ambiente, EN 16636 CEPA de Control de Plagas, UNE 100.030 de Legionella y el Cálculo y Reducción de su Huella de Carbono.

LEGIONELLA

La Legionella es una bacteria que vive naturalmente en cualquier tipo de agua. Se reproduce activamente entre los 20 y 50ºC. Si se respiran gotículas de agua contaminadas, genera una enfermedad denominada legionelosis que puede desembocar en una neumonía letal. Gracias a los controles del agua, anualmente solo la contraen 2000 personas en España, dejando unos 125 fallecidos al año.

La prevención y control de legionella está regulada por el Real Decreto 487/2022, y obliga a todas las instalaciones con presencia de agua y aerosolización, excluidos los domicilios particulares, a llevar a cabo serie de acciones para su prevención. Entre ellos destaca la obligación de llevar a cabo una Limpieza y Desinfección anual por una empresa homologada por la Consejería de Sanidad, análisis de agua periódicos para su detección y disponer de un Plan de Prevención y Control de Legionella (PPCL).

Estas obligaciones afectan a todas las empresas e instituciones públicas que cuenten alguna de las instalaciones con riesgo de proliferación y dispersión de esta bacteria. Entre las que se incluyen cualquier sistema de Agua Fría de Consumo (aún sin depósitos), Agua Caliente Sanitaria, Fuentes ornamentales, Depósitos contraincendios, Riego por aspersión, Lavaderos de vehículos, Torres de refrigeración, Clínicas dentales, Humificadores, Spas y jacuzzis, Vehículos de limpieza viaria y baldeo, etc. La Inspección de Sanidad comprueba que dichas obligaciones son llevadas a cabo por las entidades titulares de las instalaciones de riesgo, y cuya ausencia de control puede llegar a suponer graves multas e incluso responsabilidad penal en los casos más graves.

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