El alcalde de Loja ha concertado una póliza de crédito de 600.000 euros, a un interés del 1%, para adelantar dinero a la Fundación Nuestra Señora de la Misericordia que permita abonar los salarios que se adeudan a sus trabajadores y a la empresa concesionaria de la asistencia a mayores, cuyas trabajadoras sufren, igualmente, importantes retrasos en el cobro de sus sueldos.
Joaquín Camacho ha anunciado que, en base al superávit alcanzado en la liquidación del presupuesto municipal de 2014, por un importe cercano a los dos millones de euros, se pidió recientemente una póliza de crédito para hacer frente a los retrasos en el cobro de sus haberes de los trabajadores de dichos servicios asistenciales, según ha afirmado el primer edil, “por no cumplir la Junta de Andalucía su compromiso de pago mensual del convenio suscrito con el Ayuntamiento de Loja”.
Por ello, Camacho ha pedido a los dos grupos de la oposición, PSOE y CpL, que “hagan un ejercicio de responsabilidad” y que apoyen la solicitud que ha enviado, en su calidad de presidente del Patronato de Nuestra Señora de la Misericordia, “pidiendo ayuda” al consistorio lojeño, a fin de que se efectúe una disposición de efectivo por un importe de 270.000 euros y que, en forma de adelanto, se haga llegar a dicha residencia para pagar el total de las seis mensualidades que se deben a los 44 empleados que atienden a un total de 60 personas mayores.
Así mismo, se destinarían 370.000 euros, igualmente hasta tanto se reciban las transferencias de la Junta de Andalucía, para saldar el débito que se tiene contraído con la empresa encargada hasta ahora del servicio de ayuda a domicilio y, consecuentemente, que se abonen los salarios de las trabajadoras.
En todos los casos, informaba el alcalde, detrás de cada nómina pendiente hay un “drama humano” que están padeciendo las trabajadoras y trabajadores de ambos colectivos, “pues esa situación les está asfixiando en su vida familiar y personal”, al igual, dijo más adelante, “que la Junta de Andalucía está asfixiando al Ayuntamiento de Loja”, acusó Camacho.
El primer edil, acompañado por la concejala de Bienestar Social Matilde Ortiz, criticó la “lamentable gestión que se hizo de la residencia de mayores por parte de los socialistas”. También explicó que el centro social arrastra una deuda millonaria y atraviesa una situación crítica, según el alcalde, “a causa de los impagos de la Junta”.
El regidor lojeño recordó que la residencia, concertada con la Junta de Andalucía, tiene una deuda de más de 1,8 millones con la Seguridad Social, de 81.000 euros con Hacienda, de 162.000 euros con proveedores, de 270.000 euros con los trabajadores y un préstamo por importe de 90.000 euros que hubo de solicitarse para poder hacer algunos pagos en su momento. Precisamente sobre esta deuda financiera, Camacho aseguró que está avalado “ de manera poco clara por el patronato San Ramón y San Fernando, otro patronato completamente diferente cuyas actas de siete años atrás no han sido facilitadas aún por el anterior alcalde Miguel Castellano”, habiéndose enterado de esta circunstancia a raíz de una orden de cargo correspondiente a una mensualidad del préstamo, que se recibió en el centro de atención a jóvenes.
El primer edil informó de que tales anticipos de 270.000 y 370.000 se irían recuperando conforme la Junta de Andalucía vaya satisfaciendo las deudas contraídas.
A fin de informar a las personas integrantes de ambos colectivos, Camacho se reunió el miércoles pasado con las trabajadoras de la Residencia Nuestra Señora de la Misericordia, y el mismo jueves en que anunció estas medidas a la prensa, con las de la empresa de ayuda a domicilio.
Acerca de cuándo podrían recibir los trabajadores las cantidades que se les adeudan, Joaquín Camacho dijo confiar en que todo estuviera resuelto durante la próxima semana.
Durante toda su comparecencia, el alcalde fue muy crítico con la gestión realizada en el mandato anterior por el equipo de Gobierno y fundamentalmente por el alcalde, Miguel Castellano, además en su calidad de presidente de los patronatos municipales, a quien retó a que presentara las actas de las sesiones y a confrontar las maneras de gobernar de uno y otro. En esa línea fue igualmente muy crítico con las actuaciones realizadas en su día por Francisco Barquero, en su calidad de administrador de la Fundación de San Ramón y San Fernando, cuyo caso se encuentra actualmente en vía judicial tras ser interpuesta una demanda por el alcalde a raíz de una cantidad por importe de 150.000 euros que, según dijo el primer edil, presuntamente no concuerda con la actividad contable y financiera de la entidad.
