El Pleno de este mes de diciembre llevaba, en principio, dos mociones, una del PP y otra del PSOE, de apoyo a las reivindicaciones del colectivo de personal técnico de Integración Social (PTIS) y de Interpretación de Lengua de Signos Española de los centros educativos. Ambos grupos acordaron retirar estas dos mociones para fusionarlas en una única moción consensuada, que se debatió y aprobó posteriormente y de forma unánime como asunto de urgencia. Precisamente, en la sesión estuvieron presentes profesionales de este servicio y una madre de menor afectados también por esta situación.
Para el alcalde, Joaquín Camacho, “cuando hablamos de apostar por la familia y por la infancia, debemos hacerlo con hechos reales apostando porque los servicios educativos de nuestros colegios se incrementen, con personal, por ejemplo, psicológico en los colegios. Esto implica inversión, pero la inversión en educación no es un gasto, es una inversión en futuro, en mejorar la sociedad, en garantizar la igualdad de oportunidades de acceso para nuestros niños y no hay mejor herramienta de igualdad que la educación y más la educación pública, que nos garantiza la igualdad entre todas las personas”, aseguró Camacho.
En este marco está el apoyo a las reivindicaciones de un colectivo “valiente”, en palabras del primer edil, “que no tiene las cosas fáciles, como es el caso del personal técnico de integración social, que es esencial para muchos niños en nuestros colegios y que apuestan por una inclusión real de los niños que están en los colegios y que tienen una problemática concreta”. Como añadió, “hay personal de este tipo que contrata la Junta directamente y otros profesionales que hacen las mismas funciones, pero que las contrata un empresa que tiene contratada una concesión por parte de la administración, haciendo lo mismo pero sin tener las mismas condiciones. Y eso es tremendamente injusto, porque esas profesionales en algunos casos no tienen un contrato a jornada completa. Hay una reivindicación laboral y al lado de la misma hay una reivindicación por un servicio de calidad a nuestros niños, hay por tanto agravios comparativos, impagos y este personal lo único que pide es que se cumpla el convenio de aplicación que está aprobado y acordado”.
Por todo ello, dijo el primer edil, “el Ayuntamiento se posiciona, aunque no sea competencia y por eso apoyamos el manifiesto que han hecho público, para que sea una oportunidad de mejorar estos servicios. Esto que está pasando debe dar una oportunidad de replanteamiento de este servicio para que las condiciones sean las mismas”.
Así, la moción conjunta de los dos partidos mayoritarios solicita instar al Gobierno de la Junta a que se cree una mesa de negociación, comprometiéndose a extinguir el contrato con las empresas que no lo cumplan íntegramente. También insta a la Junta a que aplique el artículo de la Ley de contratos del sector público y en una segunda fase subrogue a todo el personal técnico de integración social e intérpretes de lengua de signos subcontratado y garantice el cumplimiento de unas condiciones laborales dignas y que tanto unos como otros contratados a tiempo parcial, pasen a ser contratados a jornada completa y que se incorpore también como figura personal las etapas de infantil y primaria, según las necesidades de los alumnos, además de la reversión a la gestión pública directa por parte de la administración.
En su intervención, el portavoz socialista, Antonio García, expuso que “nos encontramos frente a un gran problema que está afectando a dos tipos de familias: quienes se ganan su vida con este trabajo y otras familias para las que estos trabajadores son imprescindibles y todas están sufriendo el abandono por parte de una empresa y que la Junta no está apretando y exigiendo a esa empresa para que cumpla su contrato”.
CONVENIO
En el apartado de Bienestar Social y Salud se dio cuenta de un convenio entre la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Loja para la realización de actuaciones en materia de conciliación y/o corresponsabilidad en el marco del Plan Corresponsables. Como explicó el alcalde, se trata de un convenio por importe de 50.000 euros “para dar actividad y apoyar a las familias que necesitan de actividades de conciliación para la vida laboral y familiar”. Como añadió, “esta legislatura es en la que debemos hacer obras, pero una sociedad que olvida apoyar a las familias y a las personas es una sociedad muerta y por eso queremos apostar por políticas reales de conciliación”. Así –continuó- “dentro de nuestra competencia y reconociendo que las medidas que se han hecho hasta ahora son insuficientes, hemos tomado medidas para ayudar a las familias numerosas, a familias con necesidades especiales en materia de apoyo educativo y ahora traemos un plan que va a destinarse a familias que trabajan los dos cónyuges de la familia pero tienen un problema de conciliación e irá destinado desde enero hasta el 31 de agosto en horario de 15.30 a 19.30 horas”. También anunció que se va a fomentar a familias que tengan niños menores de 6 años. Se va a contratar a un maestro y educador al 70% y los niños van a estar con personal cualificado durante todo este periodo hasta el 31 de agosto.
El portavoz del PSOE, Antonio García dijo que “este tipo de planes son positivos, pero es verdad que deberían ponerse en marcha un poco antes, al inicio de los cursos escolares para saber con qué herramientas se va a poder actuar. Durará de enero a agosto pero hay que intentar sacar el compromiso de las diferentes administraciones para que se pueda continuar y se pueda tener una conciliación real y que cada uno desde nuestro ámbito podamos presionar para que se pueda disfrutar más tiempo y con más antelación”.
