Diputación de Granada acomete desde ahora la eliminación de los residuos sólidos urbanos de Loja

Fue necesaria más de una hora de debate, pero al final se acordó con los votos a favor de PP y CPL; y el voto en contra del PSOE, que sea a partir de ahora Diputación de Granada quien se encargue de todos los servicios que antes realizaba la empresa pública provincial Resur, es decir, la recogida de los contenedores de vidrio y papel, el traslado de la basura desde la planta de transferencia de Loja hasta Alhendín y el proceso de reciclaje de los residuos sólidos urbanos del municipio lojeño en la planta que existe en esa localidad granadina.

Era, sin duda, el tema estrella de cuantos componían el orden del día del pleno ordinario del mes de mayo y ya había pasado por dos plenos anteriores, si bien, en última instancia se retiró de ambos para procurar el paso del expediente por la correspondiente comisión informativa.

El debate en el pleno vino precedido por una larga exposición de las circunstancias que llevaron a la disolución y cierre de Resur, de tal modo que el alcalde, Joaquín Camacho situó en la deuda de 8 municipios granadinos, entre los que se encuentran Granada, Motril, Almuñecar, Salobreña y Atarfe, contraída y no pagada con la empresa Resur el origen del cierre, una deuda que ascendía a finales de 2012 a cerca de 27 millones de euros, que han llevado a la asfixia económica de la empresa que hasta ahora llevaba a cabo el servicio de eliminación de residuos sólidos urbanos de todos los municipios de la provincia. Es así como este servicio se quedaba huérfano y tras un largo periodo de análisis de la situación económico-financiera, de la calidad del servicio prestado y de las posibles soluciones, la corporación provincial decidió acometerlo, para lo cual debía crear un acuerdo marco al que se suscribirían los municipios interesados. Y es ese acuerdo marco el que llegó hace un par de meses a Loja y debía ser ratificado o no por el pleno municipal. 

En el relato efectuado por el alcalde se refirió a la falta de calidad en algunos de los apartados del servicio ofrecido hasta ahora por Resur, como la deficiente recogida de los contenedores de cartón y papel que hacía acumularse en su entorno verdaderas montañas de residuos de esas características.

También informó Joaquín Camacho de que el pasado 8 de marzo se aprobó por la Diputación la tasa media, es decir la cuota media que habrán de pagar los vecinos de los municipios adheridos, como es ya también Loja, y que se establece en 20,79 euros al mes por vivienda. No obstante, añadió el primer edil, en el pliego de condiciones se establece una serie de elementos correctivos que harán que unas familias paguen más y otras menos, en función, por ejemplo del valor catastral de la vivienda, del número de miembros de la familia, o de las circunstancias económicas personales, entre otras. Camacho aseguró que la tabla de tasas resultante de esas medidas correctoras es progresiva y equilibrada, añadiendo también que se tendrá en cuenta una vertiente medioambiental, al considerarse si el municipio genera más o menos residuos. “En definitiva, dijo el alcalde, se trata de mejorar el servicio a los ciudadanos y ajustar la tasa a cada familia, por lo que proponía al resto de munícipes que refrendaran con su voto esta encomienda.

El portavoz de CPL y miembro del equipo de Gobierno, Antonio Ramón Molina, dijo que la realidad era una y no otra, y que no había más opción que sumarse a esta encomienda, pues ni era posible ni rentable hacerlo con medios propios municipales, ni tampoco hacerlo en otra provincia limítrofe. No obstante, fue crítico con la forma en que se había extinguido Resur, pues debería, según su juicio, haberse hecho más detenidamente para estudiar mejor las posibles soluciones. Molina dijo que en el futuro era probable que se redujera el recibo que tienen que abonar los vecinos mensualmente por el concepto de eliminación de basura, pero que, por ahora, seguiría más o menos igual. Y reclamó a Diputación la creación de un consejo en el que los municipios tuviesen voz y voto para discutir y aprobar el tratamiento de las tasas. Todo ello basado en las dudas que aún les ofrece el sistema y en la necesidad de que se haga un padrón fiscal actualizado para aplicarlo en su baremación.

El portavoz de CPL también pidió aclaraciones sobre cómo se van a cobras las abultadas cantidades que tiene pendientes los ayuntamientos deudores con Resur y lamentó que no hubiera una progresividad real en la aplicación de las tasas. En base a todo lo anterior y puesto que el documento de encomienda estaba cerrado a posibles sugerencias, pidió que, al menos, se recogieran en el acta de la sesión.

A continuación intervino el portavoz del grupo socialista, Andrés Ruiz, quien comenzó diciendo no estar de acuerdo con el modo de resolver la situación de Resur y abundó aún más en la fórmula que debía garantizar el cobro de las cantidades adeudadas, para lo que pidió que se encomendara dicha potestad a la Hacienda Pública, mediante la detracción de las transferencias que hace el Estado a los municipios por las cantidades pendientes de abono. Lamentó que Resur hubiese llegado a la situación ya señalada por culpa de unos cuantos ayuntamientos que calificó de irresponsables y que eran, precisamente, aquellos que no habían encomendado en su día al Servicio Provincial de Recaudación el cobro de sus correspondientes impuestos municipales. Ruiz fue muy determinante al decir que sin esa condición de cobro no debería suscribirse el acuerdo marco pues, como también reconoció este portavoz, no cabía más posibilidad que sumarse al servicio que ahora pasa a prestar Diputación Provincial, por no existir otra alternativa.

Así mismo, Andrés Ruiz enumeró una serie de elementos económicos con los que no estaba de acuerdo a la hora de establecer las tasas del servicio, entre otros dijo que debería pagarse en función de la basura que se genera y no por el tamaño de la vivienda, pues podía darse la paradoja de que dos personas mayores que vivan en una casa con un valor catastral más elevado, pagaran más que una familia mas numerosa aunque produzcan menos basura diariamente. Señaló también como algo negativo que la potestad de establecer dichas tasas sólo corresponda a Diputación, porque podría subirlas en un momento dado en función de los resultados económicos de la prestación del servicio. En base a esas cuestiones, el portavoz socialista resumió en tres las premisas que debían darse necesariamente para que su grupo apoyara la encomienda. En primer lugar que la potestad tributaria y financiera sea compartida entre Diputación y ayuntamientos. En segundo lugar que los ayuntamientos ratifiquen en pleno el establecimiento de las tasas; y en tercero la vigencia del convenio, pues le parecía excesiva la establecida, debiéndose reducir a un periodo de tres años.

A partir de esas primeras intervenciones del alcalde y los portavoces municipales se pasó a un debate que finalmente no derivó en un acuerdo unánime tal como se comprobó en la votación.

Antonio Ramón Molina terció para indicar que el acuerdo era un documento cerrado sin posibilidad de modificación, mientras que Joaquín Camacho dijo estar de acuerdo con la exigencia del cobro de los ayuntamientos morosos y que en el propio documento, y tal como exponía el diputado responsable de Medio Ambiente, José Antonio Robles, se hará con todas las medidas legales existentes. Convino con Andrés Ruiz que los ayuntamientos deudores habían cobrado en su momento las tasas a sus abonados del servicio de eliminación de basura y que por lo tanto deberían haber abonado lo preceptivo a Resur.

Más adelante, Joaquín Camacho explicó que los lojeños no van a pagar dos veces por un mismo concepto, pues del recibo que actualmente se cobra a los vecinos por la basura se detraerá el importe correspondiente al concepto de eliminación y reciclaje, cuantificado aproximadamente en un 12%, puesto que ese valor lo cobrará directamente Diputación de Granada. No obstante, en un punto posterior del pleno se abordó directamente esta cuestión, pues se abordaría la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa por recogida de basura.

En sus conclusiones, el alcalde valoró positivamente llevar a cabo la encomienda del servicio a Diputación por cuanto, según dijo, un informe de Intervención reflejaba que la tasa se reduciría sensiblemente y ello beneficiaría a la ciudadanía, y las arcas municipales, por su parte, no tendrían que hacer frente al pago de la comisión que cobra el Servicio Provincial de Recaudación por la tramitación y cobro de la parte correspondiente a la eliminación de residuos. Además, dijo finalmente, “se va a mejorar el servicio, que es lo fundamental”.

Una valoración que no compartía de ninguna manera el portavoz socialista Andrés Ruiz, ya que, según afirmó, esa imagen beneficiosa con disminución de la tasa podría ser una estrategia de Diputación para atraer a los ayuntamientos, pero que después podría incrementarla, por lo que volvió a insistir en sus argumentos anteriores de la corresponsabilidad corporación provincial y municipal a la hora de establecerla.

Finalmente, la intención de voto que se manifestó a lo largo de las intervenciones se hizo realidad al levantarse la mano por parte de los ediles, siendo aprobada la encomienda del servicio por mayoría, la que supuso los votos favorables de PP y CPL, con el voto en contra de la bancada socialista.

Pero tal como se indicaba anteriormente, el debate siguió, de alguna forma, al abordarse el expediente relativo a la modificación de la tasa de recogida de basura. Fue entonces cuando se concretó ese 12,54% de disminución del recibo de basura lojeño por cuanto ese es el porcentaje que a partir de la encomienda a Diputación pasará a cobrar esta entidad supramunicipal. Unos cálculos que no tenía nada claros el portavoz socialista que insistió una y otra vez en que, de alguna forma, se iba a cobrar de más al contribuyente. A ese argumento le respondió el alcalde asegurándole que los datos económicos estaban bien hechos y avalados por la Intervención municipal. Posiciones que trasladadas al momento de la votación volvió a reflejar una mayoría favorable del equipo de Gobierno (PP-CPL) y el voto en contra de los socialistas.

La sesión plenaria dio mucho más de sí, pero será en otro informativo cuando se la acabemos de contar.