El equipo de gobierno de Loja, representado por el concejal de obras y servicios municipales, Antonio Ramón Molina y el alcalde de Loja, Joaquín Camacho, considera como solución que los trabajadores del servicio de limpieza viaria, actualmente en huelga, negocien con CESPA las diferentes posibilidades laborales en base a los 200.000 euros anuales que ofrece el Ayuntamiento para evitar que esta empresa despida a los empleados lojeños, y se especificó que el equipo de gobierno no propuso la bajada de los salarios.
Antonio Ramón Molina quiso puntualizar que los objetivos principales del Ayuntamiento son alcanzar un saneamiento económico y cumplir con el plan de ajuste, lo que implica la necesidad de que las instituciones públicas acojan ciertos servicios que estén desempeñando empresas privadas y añadió que esta no sólo es una “política de izquierdas” si no que “es una política razonable”, motivo por el cual, están de acuerdo en esta actuación ambos socios de gobierno. De esta forma, aclaró que este servicio “nunca debió dejarse en manos de una empresa privada”, haciendo referencia al anterior gobierno socialista, ya que de haberse llevado a cabo a través de trabajadores municipales no tendría lugar esta situación y podría ahorrarse una cantidad aproximada a los 300.000 euros. Molina señaló, que por deferencia a los trabajadores, se han acordado ahorrar 200.000 euros de los 406.000 que suma el coste en limpieza viaria anual. También quiso tener en cuenta que es una suma de dinero que no están seguros de poder pagar, ya que el coste de los servicios municipales es más elevado que el dinero ingresado en las arcas municipales.
Por su parte, el alcalde de Loja, Joaquín Camacho, señaló que fue imposible hacer efectivo el pago anual a CESPA en el año 2012 y que “no hay alternativas” para poder mantener ese coste en los años venideros, teniendo en cuenta que aún se deben a CESPA 800.000 de los 2.142.000 adeudados desde el 2011. También aclaró que la rebaja del 50% de este coste en limpieza viaria se decidió a raíz de que CESPA no reubicaría a los trabajadores ni los integraría en otro tipo de servicio, por lo que aseguraría los despidos en caso de que no se renovase el contrato.
Con respecto a las propuestas llevadas a cabo por los trabajadores, Camacho concretó que la postura del equipo de gobierno es que “no podemos subrogar a ningún trabajador” porque “no es asumible” en el aspecto de que los informes jurídicos no contemplan esa posibilidad en el Ayuntamiento de Loja, que presenta dificultades para cubrir el pago de las nóminas de sus trabajadores. Por otra parte, Camacho informó de que la ley prohíbe la generación nuevas plazas así como la desaparición de aquellas que queden desocupadas por jubilación.
En referencia a otra de las propuestas de los trabajadores, Antonio Ramón Molina quiso añadir que igualmente no es posible incluirles dentro de la empresa municipal Gemalsa que ya arrastra una deuda de un millón de euros, por lo que es imposible ampliar la plantilla, siendo objetivos principales de esta empresa la optimización de sus servicios y, al igual que el Ayuntamiento, conseguir el saneamiento de sus cuentas.
