MOCIÓN AYUDAS SANTA BÁRBARA
Por otro lado, el pleno también acordó por unanimidad una moción de urgencia para solicitar las ayudas necesarias para los vecinos de la pedanía de Venta de Santa Bárbara afectados por la tromba de agua del pasado 28 de septiembre. Así, se aprobó solicitar al Gobierno Central un régimen de ayudas específicas–sobre todo destinadas a bienes- que complementen a las ayudas previstas en el Real Decreto en el que se regulan las ayudas por catástrofes, además de la solicitud a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la consejería de Fomento para que inspeccionen los cauces de la zona y tomen las medidas oportunas. También se acordó solicitar la limpieza de esos cauces y mejorar las infraestructuras de encauzamiento del arroyo Neblín.
El portavoz de CpL propuso incorporar a la moción la petición a la Confederación de un informe sobre el estado del cauce del Neblín y que determine las causas de por qué el agua transcurría en tromba durante la tormenta. Por su parte, el portavoz del PSOE, Andrés Ruiz Martín, dijo estar de acuerdo con la moción y pidió que se creara una oficina en la propia pedanía a la que los vecinos afectados se pudieran dirigir para obtener información sobre los distintos procedimientos a seguir para obtener las ayudas. A ello respondió el alcalde. Camacho afirmó que un técnico se va a instalar en la pedanía para asesorar a los vecinos y que también técnicos de Servicios Sociales, como psicólogos, se pondrán a disposición de los vecinos afectados. La moción fue aprobada finalmente por unanimidad.
También de urgencia se introdujo una moción con motivo del día internacional de las personas mayores, que tuvo lugar el pasado lunes 1 de octubre. Fue aprobada por unanimidad. El PSOE también trajo una moción sobre el mismo asunto, que en este caso no obtuvo el consenso de todos los grupos, sino que fue aprobada por la mayoría simple de los socialistas (el PP votó en contra y CpL se abstuvo). Los populares la rechazaron al considerar que hacía alusiones partidistas.
MOCIONES PSOE
Mucho debate generaron sendas mociones presentadas por el Grupo Municipal Socialista. En una de ellas, la formación pedía la retirada de los últimos recortes previstos por el Gobierno de Rajoy en la Ley de Dependencia, que cifraron en unos 283 millones de euros. En su exposición, la concejal socialista Josefa Jiménez criticó que el PP da un “duro golpe” y “deteriora” esta ley, que ha supuesto “el mayor avance social en la historia de España”. Para la socialista los recortes en esta materia provocan “inseguridad” en las personas beneficiarias y también en las instituciones. Además, según sus cálculos, unas 200.000 personas se quedarán sin recibir esta prestación. Jiménez añadió que estos recortes en la Ley de Dependencia son “una derogación encubierta” de la norma, con lo que se vulneran los derechos subjetivos de miles de personas.
En su réplica, la concejal de Bienestar Social, Matilde Ortiz, criticó las palabras “gruesas” que los socialistas habían incluido, a su juicio, en la moción y afirmó que “lo que se pretende con la reforma es tomar las medidas para la actualización de un modelo desfasado por una falta de control y de un modelo normativo” y apostilló que la ley “está más viva que nunca”. Según Ortiz, la mayoría de las comunidades autónomas de España han apoyado la reforma “por lo que muy mala no tiene que ser” y añadió que servirá para “garantizar la viabilidad de la Dependencia, garantizar que las prestaciones lleguen a quienes más lo necesitan y agilizar la burocracia a la hora de conceder las ayudas”. Además, acusó al PSOE de “falsear” los datos en su moción.
Finalmente la moción fue aprobada por mayoría, gracias a los votos del PSOE y los tres de Convocatoria por Loja.
Idéntico resultado obtuvo la segunda de las mociones llevadas a pleno por los socialistas. En este caso, para rechazar el copago sanitario y “medicamentazo” introducido por el Gobierno de Rajoy. La concejala socialista Isabel Pavón criticó en su exposición que las medidas de control del gasto tomadas por el Gobierno Central están afectando a los derechos de los usuarios y la calidad de los servicios sanitarios. “Con la llegada del PP se ha producido una gran preocupación social al afirmar que la sanidad es insostenible”, afirmó Pavón.
La concejal también lamentó el copago de muchas prestaciones, como el transporte sanitario no urgente. Así, denunció que “por primera vez en la historia” los pensionistas tengan que pagar por sus medicamentos, que se haya aumentado el porcentaje de pago de resto de la población y que 450 medicamentos hayan sido retirados del catálogo de la cobertura pública. En este sentido apuntó que “siempre se ataca los mismos, a la clase obrera, la más humilde y la más enferma”.
En su conclusión, la concejal afirmó que el sistema público de salud puede ser sostenible sin la necesidad de realizar recortes y planteó una serie de medidas para garantizar su viabilidad, como la subida de impuestos al alcohol y al tabaco, las subastas de fármacos, la mejora de la gestión del cobro por accidentes o el establecimiento de impuestos a las grandes fortunas.
En sus respuestas, el concejal de Salud del Ayuntamiento, Joaquín Ordóñez, negó que se haya introducido un copago sanitario y afirmó que “ya funcionaba antes”. También negó el “medicamentazo” al que se refieren los socialistas y recalcó que las medidas tomadas por el gobierno de Rajoy son “urgentes, destinadas a garantizar el sistema sanitario español”.
Además, el concejal popular acusó al PSOE de “llevar al precipicio” la sanidad española en los años 2010 y 2011, “generando un déficit de más de 16.000 millones”. “Este gobierno está intentando garantizar la sostenibilidad al sistema”, afirmó Ordóñez, quién preguntó a los socialistas “¿cuál es la solución sin hacer recortes y sin implantar copago para pagar la deuda del sistema?”
Según el concejal de Salud, ningún ciudadano se ha quedado sin cobertura sanitaria y añadió que “ahora va a estar todo mucho más controlado, vamos a evitar el turismo sanitario que mediante lagunas administrativas se beneficiaba de los servicios españoles”.
Sobre el “medicamentazo” afirmó que “no se van a retirar medicamentos esenciales, sólo los obsoletos y los que se dispensan ya sin prescripción médica” y que “ahora los ciudadanos activos pagan en función de su renta, edad o enfermedad”.
De nuevo, Pavón intervino para afirmar que las soluciones que su formación había dado para evitar introducir el copago en el sistema sanitario “no se han aprobado” y enumeró otros recortes que han hecho varias comunidades autónomas donde gobierna el PP, como despidos de personal sanitario, cierre de centros y supresión y privatización de servicios.
Como la moción anterior, también obtuvo los votos favorables del PSOE y de Convocatoria por Loja. El Grupo Municipal Popular votó en contra.
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En otro orden de asuntos, el pleno también aprobó una moción sobre la adaptación del régimen de prestación económica en la situación de incapacidad temporal del Ayuntamiento de Loja al Real Decreto Ley 20/2012, que contó con los votos favorables del PP y CpL y la abstención del PSOE. El portavoz de los socialistas, Andrés Ruiz Martín, afirmó que la moción “no tenía que venir a pleno sin un informe jurídico” y que “los aspectos del convenio colectivo de trabajadores se tienen que negociar con los trabajadores y no traerlos directamente a pleno”. Le respondió la concejal de Economía y Hacienda, María Jesús Ruiz, quien aclaró que “se trae a pleno para cumplir con la ley de estabilidad presupuestaria”. Además, indicó que “lo único que se hace es adaptar lo que viene establecido en el Real Decreto”.
Por unanimidad se aprobó la solicitud a la consejería de Fomento y Vivienda de la construcción de una rotonda en el margen norte del puente Aliatar, “un asunto de máxima vigencia debido a los numerosos accidentes que se han producido en esa intersección”, afirmó el alcalde de Loja, Joaquín Camacho. Intervino posteriormente el concejal socialista Juan Francisco Mancilla, para decir que el proyecto de construcción de esa rotonda “ya existe” y que “se trataría de decirle a la Junta que lo retomara”. Además, solicitó que se actuara también en el acceso de la carretera de la Esperanza, “que también es una intersección peligrosa”.
Para responderle, intervino de nuevo el alcalde, quien aclaró que “sí existe se proyecto, pero lo que se pide ahora es que se ejecute”. Además, dijo estar de acuerdo con la propuesta de intervención en la carretera de la Esperanza. “Podemos aprovechar las obras en ese vial para que la Junta ejecute ese proyecto y pronto se tenga esa rotonda que va a solucionar la peligrosidad de ese cruce con muchas intersecciones”, afirmó Camacho.
También en ese pleno se hizo efectiva la renuncia de la paga extra de Navidad de los cargos políticos del Ayuntamiento y la reducción del 50% de las asignaciones que perciben los grupos políticos. Un 40% del ahorro que estas medidas suponen se destinará al Fondo de Emergencia Social (en torno a 22.000 euros). Un 30% (8.000 euros) se destinará como subvención al Loja Club Deportivo y el 30% restante al deporte de base.
CASO CUÉLLAR
En el debate del pleno también salió a relucir un asunto que ha causado cierta controversia en las últimas semanas, el referido a la denuncia de un vecino de Loja que acusó a un cargo de confianza de CPL de hacer un uso indebido de datos privados que había extraído del Ayuntamiento supuestamente aprovechando su situación en el gobierno municipal.
La concejal socialista Josefa Jiménez volvió a criticar al equipo de gobierno municipal ante su negativa de facilitarle un informe en el que se indique cuáles son los asesores del Ayuntamiento, qué funciones tienen y cuál es su relación laboral con el mismo. “El PSOE se acoge a la fiscalía ya que nos sentimos indefensos por protección de datos”, declaró Jiménez.
Por su parte, el alcalde explicó que en el momento de tener conocimiento del asunto ordenó el inicio de un procedimiento de investigación para aclarar lo sucedido. “El caso está siendo investigado por una funcionaria del Ayuntamiento. Si de verdad eso es así, sería muy grave, pero debemos abrir este procedimiento para depurar responsabilidades”, afirmó Camacho, quien recordó que “también está la presunción de inocencia que debemos preservar”.
El portavoz de Convocatoria por Loja, Antonio Ramón Molina, también intervino para aclarar, en primer lugar, que existe un informe de Recursos Humanos donde se especifica el organigrama del equipo de gobierno municipal, donde están incluidos los coordinadores y asesores del Ayuntamiento. “Desde CpL somos los primeros interesados en que se clarifique el funcionamiento de la administración para la ciudadanía”, declaró Molina.
Sobre el caso del ciudadano que denunció el uso indebido de datos privados, defendió la actuación de su personal de confianza e hizo referencia a un informe del archivero municipal en el que constata que el acceso a esos datos se hizo “conforme a la legalidad”. Además, añadió que “somos los primeros interesados en que se aclare lo sucedido”.
Al final del pleno, tomó la palabra el vecino de Loja que denunció los hechos, José Antonio Cuéllar, para exponer su denuncia y pedir que se aclare “quién le ha facilitado la información al personal de confianza y si ha sido CpL que lo admita”. Según Cuéllar, esos documentos no pasaron por el registro y no fueron sellados, “por lo que cada uno debe pagar las consecuencias”, apostilló.
Polémico fue el último punto, el correspondiente a los ruegos y las preguntas. En esta ocasión, tomó la palabra el ex concejal de Urbanismo, Antonio María Caro, quién se quejó de que en la votación de las tasas y tributos municipales el alcalde no le diera la posibilidad de hablar. Además, rogó al regidor que rectificara y pidiera perdón a los lojeños por “incumplir” el programa electoral con el que el PP se presentó a las elecciones municipales. Según Derqui, su partido prometió “no subir los impuestos o mantenerlos, y al final se ha subido más del IPC”, -el concejal cifró en un 2,7%-. También le pidió que hiciera rectificar al coordinador de CpL, Miguel Martín Velázquez, sobre las palabras vertidas en contra de José Antonio Cuéllar.
En su respuesta, el alcalde le pidió “un mínimo de respeto al grupo al que pertenece y en el que milita desde hace 24 años” y continuó afirmando que “soy un hombre de palabra y coherente, y sigo respetando las siglas por las que me presenté a las elecciones”. Sobre la subida del IPC insistió en la cifra inicial del 3,5% (correspondiente al IPC adelantado) y sobre las palabras de Martín Velázquez dijo que se irá “hasta las últimas consecuencias”.
