Desde el PSOE de Loja se denuncia lo que entiende como “una nueva mala planificación del Gobierno Local” en relación a la premura con la que se convocó un pleno extraordinario para evitar la prórroga del convenio con la Diputación de Granada para la recaudación de impuestos municipales. Se entiende desde la oposición que de perder este convenio se renunciaría a un servicio comarcal, además de ser “materialmente imposible” asumirlo en apenas tres meses. Además creen que se complicaría el cobro de aquellos impuestos que debieran pasar por la vía ejecutiva.
Esta denuncia ha sido expuesta por el candidato de los socialistas a la alcaldía de Loja, Antonio García, y la secretaria de Organización, Mari Carmen López, en una rueda de prensa en la Casa del Pueblo. López entiende que esta medida es negativa para el municipio ya que se perdería un nuevo servicio comarcal que atiende a la población para el cobro del IBI, agua, recibos de vehículos, etc. “Todos los ayuntamientos de suman a este convenio pero Loja no”, comenta la representante socialista que refleja la magnitud del convenio. En ese sentido informa que un Ayuntamiento como Granada, que llevaba él su vía de cobro voluntaria y ejecutiva, ha cedido la cesión ejecutiva a la Diputación para poder recuperar la deuda que tenía acumulada. También denuncia la premura en la convocatoria del pleno y la no invitación a los medios de comunicación.
García quiso comenzar aclarando que el PSOE “siempre estará al lado del alcalde y el gobierno en todo lo que sea bueno para Loja”, y que en ningún caso se trata de una denuncia para defender “a la Diputación gobernada por nuestro partido”. El candidato socialista a la alcaldía entiende que esta decisión no es positiva y no entiende como no ese estudio de viabilidad no se ha hecho antes de convocar un pleno con menos de 24 horas de antelación. “No sé cómo no ha hecho antes ese estudio de contar con personal, medios informáticos, etc”, se cuestiona García que ve como única respuesta que se trata de “una medida más que improvisada”.
Para García estar dentro de este servicio de recaudación de la Diputación tiene ventajas a la que se acogen “el 90% de los ayuntamientos de Granada” e añade que permite adelantos de hasta el 75% para tener liquidez. La renuncia del convenio, opina el candidato, supondría una pérdida de capacidad recaudatoria al contarse con capacidad jurídica de cobro a aquellos infractores de fuera del municipio. También cree que al salir este servicio del edificio actual, el mismo que el de los juzgados, obligaría al servicio de Hacienda a hacer frente al coste total del alquiler. “Podría darse el caso que también se pierda el servicio de Hacienda”, teme García que añade que supone un nuevo agravio al desarrollo del Centro Histórico de Loja.
Buscando una explicación a tal propuesta, el candidato socialista afirma que Diputación cobra un 2% de cada recibo gestionado pero cree que el beneficio económico es inferior al coste que supondrá el servicio, al margen de la falta de visitantes que vendría a Loja a esas gestiones que podrían comprar o consumir en el municipio. “Pedimos que se reconsidere esta postura”, reclama García convencido de que ha sido una medida “precipitada y falta de planificación”. Recuerda que a fecha 2 de enero, de no rectificar, el Ayuntamiento debe de tener puesto en marcha este servicio con sus propios recursos.
