En representación del grupo municipal socialista, Isabel Pavón y Josefa Jiménez, expresaron su disconformidad con la situación económica del millón y medio de pensionistas en Andalucía que se han visto afectados por el sistema de recortes del Gobierno. Según estiman las portavoces, este estrato de la sociedad pierde 389 euros al año al no haber revalorizado las pensiones e incluir costes a los usuarios en los servicios sanitarios y de dependencia. Isabel Pavón añadió que debido a las altas tasas de paro, 400.000 familias en la comunidad dependen de los ingresos de este colectivo, aunque especificó que la Junta aumentó en un 2% las pensiones no contributivas, de lo que se benefician 120.000 personas, y recordó que en la anterior etapa socialista, las pensiones medias se incrementaron en un 40% y la mínima un 46%. También señaló que al congelar las pensiones, se pierde un 0,7% más de lo que ya congeló el Gobierno de Zapatero, el cual, según Pavón, dejó en “herencia” una “hucha” de 65.000 millones de euros. De esta forma, la portavoz del PSOE afirmó que “lo que se encuentran nuestros mayores, es menos pensión y más impuestos”, ya que no se iguala a la subida de un 3% en el IVA.
Haciendo referencia a nivel local, señaló el incremento del impuesto de contribución, del agua y el coste del servicio de transporte urbano, en el que tendrán que abonar 30 céntimos por trayecto. También recordó que los usuarios tendrán que pagar por participar en algunas actividades relacionadas con el envejecimiento activo. Pavón señaló como “colmo” la inclusión del copago sanitario en la adquisición de medicamento, y especificó que en Andalucía son 500.000 pensionistas que necesitan cinco o más medicamentos al mes, por lo que esta medida incurre en un gasto extra, además de la exclusión de otros medicamentos cubiertos por receta, lo que suponen una media de 8 euros. También señaló que en caso de enfermedades que requieran cuidados especiales, como en el caso del cáncer, el transporte sanitario no urgente supondría un aumento del gasto cercano a los 60€, al que, en el caso que se necesite una dieta especial, se le añadiría otros 30€.
Josefa Jiménez calificó este tipo de medidas como una “demolición controlada” y mostró su oposición a que en el servicio de teleasistencia, los usuarios deban aportar 10,36 euros al mes, precio especificado en un contrato que no distingue entre pensiones más altas o más bajas, aportando este mismo precio a cualquier renta. Por otra parte, Jiménez quiso subrayar que dicho documento se establece con una empresa privada que firma, a su vez, un contrato de colaboración con el Ayuntamiento, el cual aportará 7,90 euros que restan al total del precio. En este documento se especifica que “esta ayuda se prestará con una limitación presupuestaria de 13.306 euros”; Jiménez pregunta qué ocurriría una vez superado dicha cantidad.
Este incremento del coste en este servicio tiene lugar ya que, desde la década de los 80, se financiaba, a través del Inserso y la Federación Española de Municipios en un 65% y los usuarios y ayuntamientos aportaban el 35% restante, en donde la parte correspondiente a los usuarios era absorbida por los ayuntamientos, a diferencia de las decisiones tomadas, en las que Inserso y FEM dejan de aportar su parte.
También comunicó que no se han aumentado las instalaciones de este servicio, que ya contaba con el mismo número, 170, cuando ella desempeñaba esta concejalía, la cual ha nombrado como “herencia socialista”, en donde dejó la cobertura en un 5%. También mostro su preocupación ya que considera que estas medidas sociales “están destruyendo el bienestar social y la calidad de vida de nuestros mayores”.
Por último aclaró que de esta forma disminuye la participación de los pensionistas en actividades relacionadas con el envejecimiento activo, que lo que pretende es mejorar la salud para retrasar la inclusión en la ley de dependencia, lo que supone menor coste en servicios sociales.
