Podemos ha presentado en Loja las principales propuestas que presenta en su programa electoral para losa comicios andaluces. Un programa que, a decir de sus representantes, se ha confeccionado con la participación de sus bases y la ciudadanía en general.
Carmen Lizárraga, candidata número 2 por Granada al Parlamento de Andalucía, Guillermo Rubio, candidato número 5 y la secretaria general lojeña Carolina Rosúa protagonizaron una acto público en la plaza de Santa Catalina. Según expresaron, el programa está dividido en cinco grandes bloques: recuperación de las instituciones, economía social, bienestar, cultura y conocimiento.
El apartado dedicado a la vivienda es al que se concede especial protagonismo. Así, se propone declarar la situación de “emergencia habitacional” en Andalucía, de forma que se garantice por ley el derecho a una vivienda y una moratoria de seis meses para los desahucios. El suministro de servicios básicos estará garantizado por ley, objetivo, afirman, para el que priorizarán todos los recursos de la Junta de Andalucía.
El segundo de sus ejes prioritarios pasa por una transformación del modelo productivo, con especial atención al régimen de cooperativas. Para poner en marcha estos proyectos, según se afirma en el texto, se podrá acordar la cesión de “suelo público en desuso”. Mención aparte se da al sector agrario, para el que proponen un “pacto de revitalización”.
El programa dedica también un apartado a medidas destinadas a luchar contra la corrupción. Aquí, el partido liderado por Rodríguez propone una mayor dotación de recursos para los juzgados o la posibilidad de constituir Comisiones de investigación en Parlamento sin posibilidad de que ningún partido pueda hacer valer el veto.
En cuanto a sus medidas de Transparencia, se comprometen a establecer una “ley andaluza de lobbies”-grupos de presión- para regular las relaciones de estos con altos cargos y baremar su capacidad de influencia en la elaboración de normas. Para ello, las agendas de trabajo de los altos cartos serán públicas. Como mecanismo de participación entre ciudadanos y representantes, articularán un portal en el que los poderes públicos se comprometen a dar respuesta “en plazo breve” a las consultas que estos les formulen.
Con la defensa de una sanidad y una educación netamente públicas,se comprometen a incrementar el presupuesto al menos hasta alcanzar la media europea de inversión, en el 6’5% del PIB.
El número cinco, Guillermo Rubio, se refirió por su parte al polígono de la Piedra de Loja, al que calificó como “un claro ejemplo de la falta de transparencia que hay que erradicar”. “Frente a este proyecto, que supuso 4,6 millones de euros de subvención que no sabemos dónde han ido, los ciudadanos tienen que saber punto por punto a qué se dedican los millones de euros que vienen de ayudas de diversas administraciones”, destacó.
