La Fiscalía Provincial de Granada ha archivado la denuncia interpuesta el pasado mes de diciembre por el PSOE de Loja contra el alcalde Joaquín Camacho por un presunto delito contra los derechos cívicos y un supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos. En concreto, los socialistas lojeños denunciaban al regidor “por permitir que personal ajeno al Ayuntamiento de Loja y sin ningún tipo de relación contractual acceda y gestione información confidencial, privada y personal de los lojeños así como la documentación oficial” y por negar “continuamente” la información al grupo de la oposición.
Los socialistas ponían en cuestión el nombramiento de Juan Pérez Unquiles como “asesor voluntario” y sin sueldo por parte de la concejal de Medio Ambiente Cristina Campaña. En este sentido, argumentaban que eran constantes “las solicitudes de información sobre este personal, las funciones que realiza, su nombramiento, expedientes a los que accede y un informe jurídico que ampare la legalidad de la actuación de este personal, sin que nunca se nos haya facilitado ninguno de los datos solicitados”.
En el decreto de archivo, el fiscal José María Suárez-Varela considera que el regidor lojeño “ha acreditado que los asesores fueron nombrados el 22 de julio de 2011” y que la Junta de Gobierno Local tuvo conocimiento de los mismos en le sesión celebrada el 19 de agosto de ese año. Además, añade que las solicitudes de información se efectuaron el 5 de junio, 4 de septiembre, 2 de octubre y 15 de noviembre de 2012, y que el informe confeccionado por el Jefe de Recursos Humanos es de fecha 1 de octubre de 2012. “Por tanto, resultaba imposible aportarlo, tras las peticiones efectuadas el 5 de junio y 4 de septiembre, ya que no estaba confeccionado. Consecuentemente, no entregar lo que no existe no vulnera el derecho del denunciante para ejercer su labor de oposición”, argumenta el fiscal.
Sobre las siguientes peticiones de información sobre el asunto, el fiscal Suárez-Varela hace referencia a la que se formula justo al día siguiente de la fecha del informe y a la que por parte del gobierno municipal se contesta que “estará a punto de llegar a los grupos”, indicando que “el retraso de un día tampoco debe merecer una respuesta penal”.
Sobre la última petición, la del 11 de noviembre de 2012, el fiscal censura la actitud “no del todo colaboradora con la oposición” por parte del alcalde de Loja “al no remitir el informe emitido por el Jefe de Recursos Humanos al concejal de la oposición”.
Concluye el fiscal razonando que “en el supuesto analizado, el concejal denunciante dispuso sobradamente de la posibilidad que le ofrecía nuestro ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos conculcados. Sin embargo, -continúa- no la ha utilizado, decidiendo la interposición de la denuncia en esta Fiscalía Provincial, después de 2 meses y 5 días de emitirse el informe”.
Sobre el citado informe elaborado por Recursos Humanos, el fiscal recoge que el Jefe de esta área niega la imputación realizada de denegar la información solicitada “en el sentido de no constarle que ningún concejal haya dictado resolución o acuerdo alguno denegando el informe”. También se acompaña un informe del archivero municipal de fecha 10 de octubre de 2012 “en el que hace constar que los ‘asesores’ en ningún momento han visitado las dependencias del archivo municipal para ver ningún expediente”.
El fiscal también considera que “no se ha acreditado” que el regidor lojeño “haya impedido” al PSOE “obtener la documentación solicitada, realizando un quehacer activo como dictar resoluciones o dar órdenes expresas a través de las cuales se obstaculice la labor fiscalizadora del grupo de la oposición”.
Respecto al delito de revelación de secretos imputado por los socialistas, el fiscal Suárez-Varela indica que “la imputación se realiza con una fundamentación que no cubre, siquiera, formalmente, y en hipótesis, las exigencias y presupuestos inherentes a los tipos penales invocados como infringidos” y agrega que “tal imputación debe ser enmarcada en el contexto de la discrepancia política, y con el fin de conseguir una mayor transparencia en el ejercicio de la función pública, sin que de la misma pueda concluirse la existencia de elementos objetivos e indicios serios delictivos”.
