Anoche en el pleno se constató que las negociaciones están más que difíciles para que se renueve el convenio con la empresa de limpieza, cuya prórroga expiraba el jueves 31 de enero; si bien para ese mismo día se había previsto un último intento de alcanzar acuerdo mediante una reunión entre la empresa y el consistorio. Reunión de cuyo resultado nada se sabía a la hora de redactar esta información.
Un fortísimo debate provocó este asunto en el pleno extraordinario de la corporación municipal lojeña, en el que no sólo intervinieron el alcalde y el portavoz del grupo municipal Socialista, sino también, en el turno del público al final de la sesión, el presidente del Comité de Empresa de CESPA, y al final todos los trabajadores y familiares que se encontraban presentes en el salón de plenos, se fueron con el convencimiento de que a partir del día siguiente estarían en la calle. Unos trabajadores que habían iniciado unas horas antes un encierro en el palacio de Narváez y que, una vez finalizado la sesión plenaria, abandonaron, de una parte por el anuncio que les hizo la Policía Local de que desalojarían las instalaciones, según informó el representante de los trabajadores, y de otra por no tensionar la situación ante el último intento que habría en la jornada siguiente.
Treinta mil euros, los que distan de los 200.000 euros aprobados por el equipo de Gobierno para dotar un nuevo convenio con CESPA, y los 230.000 que esta empresa reclama para seguir con el servicio de limpieza viaria del municipio, y a los que se ha llegado tras unas intensas negociaciones en las que la parte laboral ha ido bajando sus pretensiones, y la empresa ha ido acercando sus mínimos exigibles, pero que nada han servido para que el gobierno municipal accediera a borrar esa distancia al alza. Según explicó y reitero en múltiples ocasiones el alcalde, Joaquín Camacho, esa cifra se les hace imposible de alcanzar en un estado financiero de las arcas municipales que arrojan un saldo negativo para este año 2013 de 1.200.000 euros, es decir, una cantidad mayor de gastos que de ingresos por ese importe.
Mientras tanto, los trabajadores afectados esgrimen que ellos han hecho todos los recortes posibles para poder continuar trabajando en media jornada, que es lo que ahora reivindicaban, y con una tabla de negociación en la que se incluye la renuncia de sus compañeros del turno de noche que se encargan de la recogida de basura de un 5% de su masa salarial (unos 18.000 euros estimados) para que se destine a los suelos de sus compañeros de la limpieza viaria. La cesión por la empresa de una barredora a tiempo total y con coste cero, que puede evaluarse su costo en 40.000 euros anuales, que no tendría que abonar el ayuntamiento; y la garantía de mantener el municipio limpio mediante la presencia de diez carrillos, con sus correspondientes barredores al día para alcanzar ese objetivo.
Y todo ello, según explicó el presidente del Comité de Empresa, Jaime Valdivieso, por 30.000 euros de incremento sobre la cantidad presupuestada por el PP y CPL.
Como decíamos, este fue uno de los asuntos que más debate produjo en un pleno al que también asistieron las trabajadoras de la Residencia Nuestra Señora de la Misericordia, en reivindicación de los cinco meses de sueldo que se les adeuda desde octubre del año pasado; o los comerciantes del centro histórico, que estaban pendientes de la modificación de la ordenanza reguladora del comercio ambulante para que sea posible, tal como este colectivo ha solicitado, la instalación de un mercadillo los sábados por la mañana en las plazas de Joaquín Costa y de la Constitución, modificación que, por cierto superó la votación y que se hará efectiva próximamente, lo cual satisfizo a los allí presentes. En total, unas sesenta personas que abarrotaban el salón principal del Palacio de Narváez, junto a algunos agentes de la Policía Local que acudieron en previsión de que se pudiera producir alguna alteración del orden público, algo que no ocurrió pues, a pesar de la tensión de la noche, todo se desarrollo con absoluta normalidad.
Pero volviendo al asunto que afectaba al servicio de limpieza, realmente al pleno iba un expediente para la aprobación del decreto dictado por la Alcaldía en julio pasado, a fin de prorrogar el convenio suscrito entre el Ayuntamiento y CESPA para el servicio de limpieza de las calles, y que se prorrogó hasta finales del año pasado. Pero, evidentemente, la cuestión derivó a la situación actual, momento en el que el portavoz del grupo Socialista, Andrés Ruiz pidió una nueva prórroga hasta que se convocara nuevo concurso público para este servicio y que se pudiera alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes implicadas, consiguiéndose así, dijo Ruiz, que once personas no se fueran a la calle para engrosar las listas del paro. Esgrimió el portavoz del PSOE que 30.000 euros no era cantidad suficiente como para que esto ocurriera.
El alcalde le contestó que en un principio se había previsto recuperar totalmente el servicio de limpieza para realizarlo con trabajadores propios, lo que les hubiese supuesto un ahorro de más de 400.000 euros que es lo que costaba anualmente el convenio con CESPA, pero que en atención a los trabajadores de esta empresa, habían hecho un esfuerzo de poner 200.000 euros encima de la mesa para continuar con sus servicios, y que ahora se les pedía un nuevo esfuerzo que, según dijo, les era imposible de alcanzar, porque además de que no podrían responden de igual manera en el caso de que otra empresa privada pasara por estas circunstancias, es que no podían pagar incluso lo que se le adeuda a CESPA desde años atrás. Joaquín Camacho especificó que a fecha 31 de diciembre de 2012 no se había podido pagar ni un céntimo de los 400.000 euros que se le debe a CESPA por los trabajos del año pasado, y que aún así, se le debía más dinero de años anteriores. Camacho se preguntó si era realista y consecuente continuar con una acumulación de deuda por un servicio como el de la limpieza viaria que no tenía visos de resolverse por no tener recursos la tesorería municipal. El alcalde reconocía el esfuerzo hecho por los trabajadores, pero reiteró que no era posible incrementar esa cifra.
Terció Andrés Ruiz proponiendo que esos 30.000 euros salieran de las sueldos que tienen los cargos de confianza del equipo de Gobierno, pues según dijo este portavoz, el trabajo de los barrenderos era perfectamente apreciable, mientras dudaba de que el realizado por dichos cargos de confianza fuese constatable por la ciudadanía. Argumentó también que se evitara un conflicto social y judicial de los once trabajadores de CESPA, amén de que esta solución no supondría mayor coste para el Ayuntamiento.
Le respondió de inmediato el alcalde diciendo que el PSOE no les diera lecciones de ética cuando había sido este equipo de gobierno el que se bajó los sueldos en un 50% no más llegar a ocupar esta responsabilidad, y que la masa total de dinero destinada a cargos de confianza también se había reducido en ese 50%, por lo que desechó esa medida propuesta por Ruiz Martín.
A continuación el debate se tornó más farragoso y encarnizado con alusiones personales que al final no supusieron ningún avance en las posiciones de unos y otros.
Al final se aprobó el expediente que no era otro que el ya señalado de dar luz verde al decreto de julio pasado y que obtuvo el respaldo unánime de los ediles presentes en la sesión.
Pero como decíamos, al finalizar el pleno, regresó este problema de la mano del presidente del Comité de Empresa de CESPA, Jaime Valdivieso, que lamentó asistir a un cambio de actitud del alcalde pues, según aseguró el representante de los trabajadores, había habido un momento dentro de las negociaciones en que el alcalde les dijo que estarían dispuestos a llegar como máximo hasta los 217.000 euros y que ahora veía como se retractaba de lo dicho en su momento. Por eso , Valdivieso afirmó que era deprimente que once personas se fueran al paro por sólo 13.000 euros en litigio.
El primer edil le contestó ver en Valdivieso una actitud totalmente distinta a la mostrada en las negociaciones y negó rotundamente que él hubiese apuntado en ningún momento esa cantidad, argumentando que sus palabras habrían sido malinterpretadas y que lamentaba que eso hubiese sido así, aunque nada podía hacer por remediarlo. Finalmente Joaquín Camacho, sobre lo que ocurriría ahora con esos trabajadores, dijo que a partir del 1 de febrero dependería de la oferta que CESPA quisiera asumir para continuar o no con el convenio, en base a los 200.000 euros que el Ayuntamiento está dispuesto a destinar a este menester, por lo que les recomendó que hablaran ellos con la empresa sobre ese futuro.
