La delegada del Gobierno, Sandra García, ha presidido hoy la firma de un acuerdo entre la Junta, Cáritas y los ayuntamientos de Loja, Armilla y Maracena para poner en marcha un nuevo programa de Catering a Familias en Exclusión Social que atenderá cada día a un centenar de personas de los tres municipios.
El acuerdo, firmado por el delegado de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Higinio Almagro, el director de Cáritas Javier de Benavides, la concejal de Educación y Cultura lojeña Consuelo Bueno, el alcalde de Armilla, Gerardo Sánchez, y la edil de Maracena Anabelén Molina, está incluido en el decreto de Inclusión Social que la Junta de Andalucía está desarrollando en estos momentos y hasta marzo de 2015.
Concretamente, el acuerdo dura siete meses, desde primeros de diciembre hasta el 30 de junio de 2015, supone una inversión es de 90.000 euros y cuando finalice se habrán repartido 21.400 menús entre los beneficiarios, que accederán al programa a través de los servicios sociales comunitarios de sus respectivos municipios.
Decreto de Inclusión
El Decreto de Inclusión Social es una de las medidas que el Gobierno andaluz está adoptando para dar “una respuesta de emergencia a una situación de emergen-cia social”, destina a la provincia de Granada 7,3 millones de euros, que beneficiarán a unas 22.000 personas, y se aglutina en torno a tres planes : el programa de Inclu-sión social a través del Empleo, el programa Extraordinario de Solidaridad y el pro-grama Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria, donde se sitúa el acuerdo con Cáritas.
Según Sandra García, la Junta ha abonado a los Ayuntamientos, dentro del Programa de Ayuda a la Contratación, 3.202. 680 millones de euros, de un total de inversión provincial de 4.998.025,65 de euros y el total se materializará en breve, y de hecho la mayor parte de los ayuntamientos (137) ya han cobrado el 100%.
A través del decreto de Inclusión, con una estimación de contratos a 15 días, los ayuntamientos podrán realizar hasta 9.342 contratos y si son de 30 días 4.671 contratos. Los contratos se realizarán con las debidas garantías laborales y su co-rrespondiente cotización a la seguridad social y se realizarán trabajos de interés para la comunidad y que mejoren la empleabilidad de los beneficiarios.
Puesto que este programa persigue combatir las situaciones de exclusión so-cial que, con motivo de la crisis económica, se están dando en muchos hogares andaluces, en la adjudicación de los contratos se dará prioridad a las unidades familiares con todos sus miembros en paro, las familias numerosas de las que formen parte menores de edad, las personas con discapacidad o en situación de dependencia y a las familias monoparentales y víctimas de violencia de género con hijos e hijas a cargo.
