La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ayudará a abonar el al-quiler a inquilinos de viviendas públicas del Ayuntamiento de Loja que tengan ingresos bajos y dificultades para afrontar los pagos. Este municipio es el primero de la provincia de Granada que suscribe con el departamento que dirige Elena Cortés el convenio para destinar a familias fondos de la línea de Ayudas al Alquiler para Personas Inquilinas en Situación de Especial Vulnerabilidad, impulsada en julio por la Consejería de Fomento y Vivienda con una dotación presupuestaria de 4,3 millones de euros.
La ayuda está destinada a familias con ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples), lo que supone unos 11.200 euros netos al año, y que tienen dificultades acreditadas para el abono del arrendamiento. La ayuda garantiza que el esfuerzo económico de los inquilinos para pagar las rentas no supera el 25% de los ingresos familiares.
Los receptores deberán disponer de un informe, emitido por los servicios sociales que correspondan, donde se refleje la situación de especial vulnerabilidad en relación con su composición familiar, la necesidad de vivienda, los ingresos percibidos, así como otras especiales circunstancias que deban tenerse en cuenta.
Los miembros de la unidad familiar no podrán disponer de la titularidad o un derecho real de uso sobre ninguna otra vivienda. La subvención contribuirá al pago de las mensualida-des correspondientes al año 2014, incluso en el caso de los contratos de arrendamiento ya existentes con anterioridad a la entrada en vigor de esta convocatoria.
Con la adhesión de Loja, en Andalucía el número de ayuntamientos asciende a 27 en las provincias de Sevilla, Córdoba, Cádiz, Huelva, Granada y Málaga. El plazo para que los ayuntamientos se den de alta como entidades colaboradoras concluye el 1 de octubre.
Esta línea de ayudas persigue garantizar mediante alquileres asequibles el derecho a la vivienda de las familias con menos ingresos, en un contexto de fuerte desempleo y precariedad laboral, por lo que establece como requisito que las administraciones con competencia en materia de vivienda se conviertan en agentes colaboradores de la Junta mediante la firma del correspondiente acuerdo y puedan así gestionar estas subvenciones.
Dar uso a la vivienda vacía y erradicar los desahucios
Este programa de subvenciones contribuye a combatir el stock de viviendas protegidas de titularidad pública que aún se encuentran vacías en Andalucía, al permitir a las entidades que mantienen inmuebles cerrados darles uso mediante un alquiler social, ya que es la Junta de Andalucía la que completa la diferencia entre la renta estipulada y lo que el inquilino en situación de especial vulnerabilidad puede pagar. La medida también busca erradicar los desahucios en parques públicos de Andalucía pertenecientes a ayuntamientos o entes instrumentales por motivos de impago de alquiler, ya que las subvenciones van destinadas a ayudar a sufragar esas rentas a quienes no pueden afrontarlas.
Las administraciones públicas, los entes instrumentales dependientes de ellas y las personas jurídicas públicas con competencias en materia de vivienda, así como las entidades inscritas en el Registro de Asociaciones de Andalucía que cuenten con declaración de utilidad pública podrán funcionar como entidades colaboradoras, siempre que tengan una bolsa de viviendas en alquiler de gestión propia destinadas a familias en situación de especial vulnera-bilidad. Igualmente, deberán contar con los medios informáticos necesarios para la tramita-ción de estas ayudas a través del Registro Telemático Único de la Junta.
Serán dichas entidades colaboradoras las que informen sobre el cumplimiento de los requisitos de las personas solicitantes y presenten en su nombre la petición de ayudas, previa puntuación de sus condiciones y las de su unidad familiar a través de los medios y formularios facilitados por la Consejería que dirige Elena Cortés. Una vez obtenida la resolución de ayuda, las entidades colaboradoras descontarán el importe de la renta mensual y, en su caso, el resto de la cantidad correspondiente para que el importe que efectivamente abona la persona destinataria de la ayuda no supere el 25% de sus ingresos.
