El gobierno municipal del Partido Popular ha salido en defensa del Ejecutivo central a raíz de unas recientes declaraciones del PSOE local que le responsabilizaba de los problemas en la aplicación de la Ley de Dependencia. La concejal de Bienestar Social, Matilde Ortiz, defendió que el Gobierno de Rajoy ha “estabilizado” el pago de las ayudas, simplificando la normativa y permitiendo que las Comunidades Autónomas “puedan ejercer sus competencias y pagar a proveedores”.
Según Ortiz, el Ejecutivo central ha logrado “poner en orden” el sistema que estaba “desordenado” y era “desigual” cuando los ‘populares´ llegaron al poder en 2011. Por el contrario, acusa al Gobierno andaluz de ser el responsable del “colapso” de la ley. “Andalucía es una de las comunidades autónomas que menos aporta a la Dependencia, sólo el 34,98%”, critica Matilde Ortiz.
La concejal también ofreció datos sobre la situación de la Dependencia en el municipio. Así, expuso que 197 lojeños han fallecido esperando ser valorados para beneficiarse de las ayudas y que otros 186, que sí habían sido examinados, murieron esperando sus correspondientes recursos.
En la actualidad, según la edil, hay 198 personas esperando una primera valoración. Otras 181 ya valoradas están esperando a recibir el dinero y, de este total, ocho están en grado severo, el más extremo. “Las cifras son escandalosas, pero son reales”, afirmó Ortiz.
Hoy día un dependiente de Loja tarda una media de 30 meses en ser examinado y en recibir el recurso al que tiene derecho. “Todavía hay solicitudes de marzo de 2013 que no han sido atendidas”, denunció la edil, quien añadió que la Junta de Andalucía adeuda al Ayuntamiento lojeño 283.500 euros en materia de ayuda a domicilio, cantidad correspondiente al primer semestre de 2015.
Por otro lado, en 2012 se tramitaron en Loja 101 expedientes de Dependencia, en 2013 sólo cuatro y el año pasado 59. En lo que va de 2015 se ha vuelto a niveles de hace tres años, con 101 expedientes.
Para Matilde Ortiz, el gobierno del Partido Popular es “sensible” a los problemas familiares que ocasiona la aplicación de la norma, por lo que pide “que se pague y se activen todos los dependientes que hay encima de la mesa”.
